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Una carta enviada desde el Comite Nacional del Refugiado (Conare) al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cambió la detención preventiva por detención domiciliaria en el caso que involucra al ciudadano peruano Martín Belaunde Lossio, prófugo de la justicia de Perú. 

La magistrada de esa instancia judicial, Maritza Suntura, informó a EL DEBER que en horas de la mañana la Sala Plena tomó la determinación.

"El Conare no tenía las condiciones para detener al ciudadano y desde La Paz nos han hecho llegar una carta para que revisemos la solicitud de detención domiciliaria", dijo en entrevista telefónica. 

Además explicó que la determinación conlleva "sustituir la detención preventiva impuesta por el auto supremo de ayer por la detención domiciliaria con fines de extradición contra el señor Martín Belaunde Lossio".

Suntura afirmó que la medida deberá ser cumplida en el domicilio que el ciudadano peruano dio al Conare, dónde ayer se lo encontró en la zona de bajo Llojeta de la ciudad de La Paz y que pertenece al "Curaca Blanco", esposo de la prima de Belaunde.

El "Curaca", Yulliano Arista, es pariente político del prófugo empresario, porque se casó con Claritza Díaz Belaunde, una astróloga conocida como "Zulayna" y prima del ex asesor de campaña electoral de Humala.

Ayer el presidente del Conare, Cesar Siles, solicitó una rectificación tras la resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que se considera errónea, según reporta el periódico digital Oxígeno.

“He recibido el Auto Supremo y he pedido la rectificación del mismo, es incorrecto que la Conare tenga las facultades de aprehender o detener a una persona cuando su función es precautelar los derechos de los solicitantes que tramitan el pedido de refugio”, afirmó el funcionario.

Belaunde ingresó a Bolivia por Desaguadero el pasado primero de diciembre, el día 9 de enero brindó una conferencia de prensa en Santa Cruz y el 16 de enero acudió al Conare en La Paz para declarar. En Perú tiene la condición de procesado, con mandato de prisión preventiva de 18 meses por delitos de corrupción.