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Para una cosa sirvieron las reuniones del pacto fiscal, para transparentar el manejo de los recursos económicos del Gobierno nacional y de los gobiernos subnacionales. Así lo acordaron el viceministro de Autonomías Hugo Siles y el asesor general de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, en un debate realizado este jueves en la mañana por EL DEBER R adio.  

En palabras de ambas autoridades, el pacto fiscal tuvo como objetivos determinar si las competencias de los diferentes niveles de gobierno podían ser cubiertas con los recursos que tenían asignados en su calidad de entidades territoriales autónomas y para analizar lo que hacen con su presupuesto. Lo que en palabras del asesor de la Gobernación de Santa Cruz demostró la "recentralización de recursos" en un monto estimado en $us 3.500 millones desde 2006.  

"Las gobernaciones subvencionaron con más de $us 3.500 millones, por confiscación de leyes y decretos discrecionales del gobierno central. ¿Cuándo se ha visto que un gobierno subnacional subvenciona al TGN? Si había eficiencia cómo es que confiscan recursos que iban a salud, empleo y generación de empleos para pagar la renta dignidad", cuestionó Parada. 

El viceministro respondió que los recursos generados a raíz de las regalías del gas, y de la nacionalización, no son de propiedad de las gobernaciones sino que debe ir en beneficio del pueblo. Afirmó que el 12% que aportan las gobernaciones, universidades y municipios para YPFB es una medida que repara lo que se hizo con la estatal hidrocarburífera en el pasado.  

"Los recursos no son de propiedad de una gobernación o de un municipio, son del pueblo boliviano y tiene que ser asignado para todos", aseveró. 

Parada subrayó que en 11 años más del 90% del PGE fue administrado por el Gobierno central y lo calificó contrario a un Estado Plurinacional con autonomías. Siles refirió que cada entidad autónoma puede generar sus recursos a través de tributos pero que faltan políticas públicas.