Fuerte de Samaipata en peligro
Desde 1998, el Fuerte de Samaipata es Patrimonio Cultural de la Humanidad. No por nada obtuvo semejante reconocimiento internacional. Se trata de uno de los sitios arqueológicos más importantes de las culturas Inca y Chané. El predio es considerado la mayor obra de arquitectura rupestre del mundo. Los estudios señalan que no sería solo una fortaleza militar de defensa frente a los guaraníes, sino que es considerado un asentamiento religioso precolombino de las culturas originarias. Existen también ruinas de una ciudad Inca construida cerca del templo, que fue erigida durante la expansión sudeste del Imperio Inca, que se expandió desde el actual territorio peruano hasta Ecuador y Colombia, en el norte, la actual Bolivia, Argentina y Chile, al sur de Cusco, su capital.
Este majestuoso monumento está en peligro debido a que, según la Gobernación de Santa Cruz, había predios privados que se sobreponían al terreno de El Fuerte de Samaipata; sin embargo, un informe del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) dice que ocurre lo contrario: que son los terrenos de El Fuerte los que se sobreponen a los predios privados.
Lo cierto es que la situación jurídica de parte de este patrimonio cultural está en duda debido a esta colisión de derechos propietarios. Un decreto de 1951 declaró monumento nacional tres lugares, entre ellos El Fuerte, en la provincia Florida, cerca de Samaipata. Por entonces, El Fuerte tenía 20 hectáreas. Hoy, según la Gobernación y la Alcaldía, debería tener 260 hectáreas. En enero de 1974, un decreto supremo declara Monumento Nacional Arqueológico las ruinas de Samaipata.
La familia Pozo MacLean era propietaria de esos terrenos, incluida la inmensa piedra. Esa familia donó, según la documentación presentada a la Unesco para realizar la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, 260 hectáreas; sin embargo, ni la Alcaldía ni la Gobernación hicieron los trámites de saneamiento ante el INRA, lo que ocasionó el actual conflicto de intereses. Concretamente, están en discusión unas 60 hectáreas (49 según el INRA) que están en manos de los privados colindantes, lo que representa un riesgo para las reliquias allí alojadas.
La actual situación muestra, una vez más, el grado de descuido estatal que sufre el patrimonio de todos los bolivianos. Se requiere hoy la ayuda de las autoridades nacionales, departamentales y municipales para salvar al Fuerte de Samaipata, realizar más inversiones y consolidarlo como centro turístico y de estudio arqueológico de los más importantes del país.
