El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo el viernes que no permitirá un cerco a Santa Cruz tal como fue anunciado por los Pueblos Étnicos del Oriente y otras organizaciones sociales que respaldan las medidas de presión del pueblo chiquitano que pide una nueva redistribución de las regalías a las autoridades de esta región del país.

"Terceras personas que trabajan y se sacrifican no tienen por qué pagar las consecuencias por una diferencia entre la Asamblea Legislativa Departamental y un sector movilizado (...), vamos a asumir acciones preventivas para que la movilización no perjudique el derecho de otras personas; no debería darse un cerco, porque no puede afectarse a una región que produce", afirmó.

Romero no quiso adelantar qué tipo de acciones asumirá su despacho en caso de que se produzca un cerco o bloqueos, pero pidió que "prime ante todo el diálogo".

La organización de los Pueblos Étnicos del Oriente anunció el inicio de las medidas de presión a partir del lunes con el bloqueo de la carretera de San Julián y las vías hacia los valles de Santa Cruz.

El sector movilizado pide un cambio en la distribución de las regalías del 10 % a 20 % en favor de los pueblos indígenas, además de una mayor representación legislativa.

Los chiquitanos rompieron el diálogo el anterior miércoles después de seis días de infructuosas reuniones con representantes de la Gobernación de Santa Cruz y la Asamblea Legislativa Departamental.

Más de 100 indígenas mantienen una vigilia desde hace más de un mes en la Gobernación.