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La Cancillería anunció oficialmente que no ha recibido el pedido de extradición en contra del empresario peruano Martín Belaunde Lossio, acusado en su país de corrupción. Esto deja mal parado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que el martes instruyó la detención del exasesor del presidente de Perú, Ollanata Humala, pero que ayer ordenó su retorno a la casa de su primo, el astrólogo ‘Curaca Blanco’, con detención domiciliaria, aduciendo que el Consejo Nacional del Refugiado (Conare) no tiene donde detenerlo.

El director jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, César Ruiz, confirmó a Erbol que desde Perú no ha llegado la solicitud de extradición, “No hay nada, solo la notificación de detención preventiva del TSJ. Es una decisión que ha tomado el Órgano Judicial, que tiene sus competencias. Si no está de acuerdo, el señor Belaunde tendrá que apelar a esa instancia”, aseveró.

Medios peruanos informaron, citando como fuente a la Cancillería peruana, que el pedido se emitió el 7 de enero.

Contra las cuerdas
El presidente del Conare, César Siles, tiró la primera piedra contra el Tribunal Supremo de Justicia y manifestó su sorpresa tras la resolución emitida el martes, de ordenar la detención del empresario peruano.?“Pedí la rectificación porque es incorrecto que el Conare tenga las facultades de aprehender a una persona cuando su función es precautelar los derechos de los que tramitan el pedido de refugio”, manifestó.

La magistrada del TSE Maritza Suntura declaró que la decisión se tomó después de que la Sala Plena analizara la nota del presidente del Conare, pero señaló que el funcionario hacía conocer que no tiene los ambientes requeridos para la ejecución de una medida de detención preventiva que garantice los derechos humanos del detenido.

Suntura estableció que se decidió sustituir la medida de detención preventiva con fines de extradición dispuesta en un auto supremo el martes contra Belaunde, por la detención domiciliaria, en el sitio señalado por el acusado con vigilancia policial y bajo responsabilidad de esta institución.

El martes, los magistrados mantenían opiniones diferentes respecto al lugar donde debía cumplir la detención.

La magistrada señaló que el fundamento de Perú para la petición de detención tiene como base un proceso penal abierto contra Belaunde por los delitos de peculado, asociación delictuosa, proceso en el que se dispuso la detención preventiva en ese país.

Explicó que, de acuerdo con el Tratado de Extradición firmado por ambos países, el Estado requirente tiene 60 días para justificar su solicitud. “La persona detenida podrá ser puesta en libertad si la autoridad competente del Estado requirente, en este caso Perú, si vencido el plazo de 60 días a partir de la fecha de detención preventiva no hubiera presentado la solicitud de extradición ni los documentos justificativos”, expresó