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La entrega del financiamiento para organizar el referéndum sobre el estatuto autonómico de La Paz, previsto para el 12 de julio, ha dejado a la Gobernación en la insolvencia y le ha generado incluso una "deuda". La situación es crítica porque no podrán pagar a las empresas con las que tienen contratos suscritos, advirtió el gobernador César Cocarico.

"Tenemos una deuda de 19 millones, la gobernación está en una situación de insolvencia. No podemos pagar las planillas que las empresas nos están presentando, hay el peligro de que muchas obras se paralicen", alertó la autoridad departamental.

El débito automático de los 19 millones de bolivianos se realizó para que el Tribunal Supremo Electoral convoque al referéndum para ratificar o rechazar los estatutos autonómicos. Además, la Asamblea Legislativa Departamental solicitó 8 millones de bolivianos adicionales para la socialización del documento.

Entre las actividades previstas para la socialización se prevé la impresión de los estatutos, la publicidad en medios de comunicación, viajes, refrigerios, transporte, sin embargo, Cocarico dijo que no es posible financiar estas actividades y solo se podría facilitar la impresión y apoyar en la difusión en los medios.

"Si la Asamblea nos pide 8 millones, esa insolvencia se amplía mucho más. Por eso no podemos financiar todo lo que está demandando la Asamblea", sostuvo.

Comentó que existe el riesgo de la paralización de las obras y que las empresas que tienen contratos con la Gobernación paceña empiecen a exigir la cancelación por la ejecución de las obras con la advertencia de que podrían disolver los contratos y exigir el pago por daños y perjuicios.

La autoridad observó que la Asamblea Departamental no tomó previsiones para incorporar este tema en el Plan Operativo Anual 2015. No obstante el Tribunal Constitucional Plurinacional declaró la constitucionalidad del estatuto el 28 de julio del año pasado.