Opinión

Evaluación y aplazados

Alberto Santelices Hace 12/3/2017 10:13:00 AM

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La máxima autoridad   educativa  departamental califica  a la reforma como ‘una bendición para los estudiantes’. Habla de componentes teóricos y prácticos, vaticinando que no debe haber aplazados. Luego  amedrenta al magisterio al invitar  a los padres a denunciar (¿?) por las notas que obtuvieran sus hijos, para que  la Dirección Departamental de Educación pida un informe al profesor en cuestión. (EL DEBER, 21/11/17).

Se evalúa al alumno para juzgar  el proceso de su  aprendizaje en las cuatro dimensiones dentro de  los objetivos holísticos  previamente fijados, a fin de tomar decisiones sobre su promoción de acuerdo al éxito alcanzado en dicho proceso. 

He aquí  un poco del Reglamento  de Evaluación: art. 6. Son  responsables de la evaluación el director, la Comisión Técnico Pedagógica,  los maestros,  los estudiantes y  los padres de familia, quienes, además, deben  efectuar  una serie de actividades con el fin de  superar las dificultades detectadas en los procesos de aprendizaje, previniendo así la repetición del año de escolaridad. Aquí no dice que solo el maestro es el responsable de la situación y como tal tiene que ser ‘denunciado’ (nótese el contenido afectivo del término).

Es verdad que hay irregularidades en las evaluaciones; por ejemplo, conocemos a una mediocre profesora de química que exige la memorización  de la tabla de valencias para pasar de curso. Pero es el director de la unidad educativa el llamado a manejar el problema.

El art. 24 ordena que tanto en los niveles  primario y secundario  la promoción se dará cuando el alumno cumpla estricta y obligatoriamente todas las actividades programadas; si obtiene  promedios anuales menores a 51 en una o más asignaturas, pierde el año de escolaridad. Está clarísimo, el reglamento prescribe la condicional para la pérdida del año escolar.  

El  art. 39 señala que el porcentaje de retenidos no debe superar el 30%, so pena de aplicarse el Reglamento de Faltas y Sanciones. Por esta amenaza disfrazada, algunos docentes eluden  los mecanismos fastidiosos y burocráticos del art. 6  para prevenir las deficiencias en el aprendizaje,  mostrándose benevolentes a la hora de  evaluar y optando por no aplazar. 

Finalmente, el art. 83 de la Ley 070 establece que el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa evaluará al sistema. Como inexplicablemente esto no se cumple, quedémonos con un síntoma: el alto porcentaje de aplazados en la PSA.