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El investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Pablo Villegas, informó que desde 2007 hasta 2014 se realizaron en el país 49 consultas previas en materia de hidrocarburos, pero sin tomar en cuenta la evaluación ambiental. A raíz de ello subsisten conflictos en 18 territorios indígenas y 11 áreas protegidas.

“De 2007 a 2014 se hicieron 49 consultas previas por causa de los hidrocarburos según datos de ese ministerio (…), pero la evaluación de impacto ambiental no está amarrada a la realización de la consulta previa”, criticó Villegas. La consulta previa es un derecho consagrado internacionalmente y es aplicado a las poblaciones indígenas, que tienen el derecho a ser consultados sobre hechos que los podrían afectar.

Según contó el investigador, el tratamiento del impacto ambiental se lo realiza sin base científica y cuando se habla sobre las compensaciones se lo hace sin la evaluación ambiental, lo que implica que los pueblos indígenas no conocen cómo les afectará la exploración en su territorio.

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Agregó que las evaluaciones de impacto ambiental son una especie de “secreto de Estado” y que su acceso es restringido para los ciudadanos y para los pueblos indígenas.

“Me atrevo a decir que ninguna consulta previa se ha hecho bien (…) no conozco un caso que se haya hecho la consulta atada a la evaluación ambiental concluida”, evaluó Villegas.