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La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) revela que son al menos 200 los casos de empresas del sector con mora de pago de planilla de obras públicas adjudicadas con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y regalías por gobernaciones, alcaldías y universidades del país.  

Según el gerente general de la  organización empresarial, Javier Arze, hay empresas que no han cobrado planillas desde junio y otras desde septiembre de 2017. Hay también empresas, en el caso de Tarija, con contrato de obras públicas impagas desde hace un año. El grueso de los proyectos incluye obras civiles (hospitales, colegios, canchas y otras obras de infraestructura).  

Con datos de Arze, la desaceleración del ritmo de la construcción de obras públicas por la mora en el pago de planillas e inseguridad en el flujo de caja de las empresas impactó en la mano de obra. Detalló que unos 6.000 trabajadores han sido despedidos.  

Arze manifestó que la bonanza en el sector de la construcción alcanzó su pico máximo en 2015 y que en este momento urgen políticas públicas para dinamizar el crecimiento del sector constructor y así evitar más desempleos. 

Para Cadecocruz la única fórmula para revertir la desaceleración sectorial es que el aparato estatal agilice la transferencia de recursos a los gobiernos subnacionales -gobernaciones y alcaldías- y  concrete la participación de empresas nacionales, como socio y no como subcontratista, en proyectos estratégicos. Ven en esta última medida una herramienta financiera para generar solvencia en empresas del sector. 

De acuerdo con Arze, este año el Gobierno proyecta un crecimiento sectorial superior al 8%, porcentaje que, según él, no alcanzará ni a un 5% si el Ejecutivo no genera herramientas financieras para dinamizar al sector.

Desde Cochabamba, el líder del sector constructor, Antonio Siles, indicó que el problema de contratos impagos de obras públicas es nacional, pero dijo que en ese distrito la Gobernación gestionó un fideicomiso para pagar planillas retrasadas de obras públicas. Esta medida, según él, generó algo de liquidez en algunas empresas del sector. 

A escala nacional, fuentes del sector constructor indicaron que las empresas que se adjudicaron obras públicas de infraestructura vial son las perjudicadas.    

Acuerdo público-privado 

En febrero, autoridades gubernamentales y el sector privado, firmaron un Acta de Entendimiento cuyo propósito es dividir obras en tramos para que compitan empresas del país. 

El acuerdo aumenta el porcentaje de la subcontratación de empresas hasta el 40% del monto total del contrato, la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato una vez ejecutado el 70% de la obra, la liquidación final a la recepción provisional y que las planillas de avance aprobadas servirán de garantía, con responsabilidad del contratista.

Gobernaciones del país   
Según el secretario de Economía y Finanzas de la Gobernación de Tarija, Manuel Figueroa, el exgobernador interino Lino Condori, entre 2011 y 2015, que coincidió con la época de bonanza, comprometió el presupuesto departamental por más de Bs 9.000 millones. “En 2016 el presupuesto cayó más del 44% con respecto a 2015. Los compromisos no van a poder cumplirse. Muchos de esos proyectos no son sostenibles”, dijo. 

A esa situación se sumó la baja ejecución presupuestaria, que provocó, con el consentimiento de la Asamblea, una transferencia de recursos de la Gobernación (8%) a favor de los municipios para que ejecuten proyectos de competencias del nivel central. Se hizo con el propósito de generar derechos a las alcaldías, dijo Figueroa.         

Los ingresos de regalías, IDH e IEHD representan el 95% de los ingresos de la Gobernación de Tarija, los cuales han caído desde Bs 3.981 millones en 2014 (su punto más alto) hasta los Bs 805 millones en la presente gestión. 

La Gobernación de Tarija accedió a un crédito de Bs 68 millones para reactivar la economía regional que se estancó en los últimos tres años por la caída en un 80% de regalías petroleras por la baja del precio del crudo y pagar planillas pendientes por ejecución de proyectos adjudicados en el pasado. 

Desde la Gobernación de Santa Cruz, el asesor José Luis Parada, señaló que el plan de inversión pública 2016 descansa en su mayor parte en las empresas públicas y en menor proporción en municipios y en gobernaciones. En 2016, la ejecución alcanzó $us 5.065 millones (79,2%) de un monto programado de $us 6.395 millones.

Detalló que en  2017, la crisis por reducción de ingresos, afectó con más fuerza la liquidez destinada a proyectos de inversión y el desfase se traslada a las empresas privadas adjudicatarias de obras, con el retraso en el pago de planillas de avance, obligando al sector privado buscar financiamiento para cubrir el retraso de las instituciones públicas. L a ejecución del plan de inversión en 2017 se reduce en $us 693 millones con relación a 2016, a causa de la iliquidez por baja de ingresos en el sector público. 

Parada cree que este año  la tendencia seguirá siendo a la baja ya que solo se cuenta con recursos externos frescos, no así la contraparte interna. “Como se puede observar en 2016 las empresas públicas no ejecutaron Bs 31.000 millones de bolivianos ($us 4.600 millones) tenían presupuesto y no se pagó a las privadas. Lo mismo sucede en 2017 y la deuda sigue subiendo creando un problema de liquidez al sector privado”, dijo. 

Parada refirió que este año no se financiará  ni licitarán proyectos viales por el congelamiento de  ingresos provenientes del campo hidrocarburífero Incahuasi. 

Apuntes

Universidad pública cruceña  
Desde la Uagrm indicaron que no registran un impacto en el  pago de planillas de los proyectos adjudicados y ejecutados en 2017 y que los desembolsos a las constructoras se cumplieron dentro del margen del contrato.

Proyección económica  
El plan de crecimiento económico proyectado por el Estado este año ronda un 4,7% y se sostiene en la construcción, electricidad, gas y agua y la agricultura.