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Un juez del estado de Texas (sur) acató en la madrugada del martes el pedido de 26 gobernadores republicanos y bloqueó la aplicación de decretos migratorios anunciados en noviembre por el presidente Barack Obama, hasta que una corte se expida sobre su constitucionalidad.

La decisión del juez Andrew Hanen, del tribunal federal de Brownsville, detiene en seco un proceso puesto en marcha por el gobierno para beneficiar a un contingente estimado de entre cuatro y cinco millones de inmigrantes en situación irregular y evitar su deportación.

Los estados y jueces que patrocinaron la demanda ante el juez Hanen consideran que Obama se excedió en sus atribuciones presidenciales y que al ordenar acciones ejecutivas sobre la cuestión migratoria violó la Constitución. Los estados alegan que las acciones anunciadas por Obama provocarán "daños dramáticos e irreparables".

En un extenso documento de 123 páginas, Hanen tuvo el cuidado de no considerar ilegales las acciones de Obama, pero cuestionó el derecho del presidente de adoptarlas.

El papel del Congreso
El juez destacó en su informe que las medidas anunciadas por Obama se refieren a un tema que el Congreso analiza. "No puedo apoyar un programa que no solamente ignora el dictado del Congreso, sino que activamente se propone frustrarlo", apuntó el magistrado.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, dependiente del Departamento de Seguridad Interna) tenía previsto comenzar a recibir y procesar a partir del miércoles las demandas de regularización de inmigrantes, tanto de personas que ingresaron como menores de edad (DACA) como de los padres (DAPA) de jóvenes que ya se beneficiaron de un programa similar en 2012.

Sin embargo, el Secretario de Seguridad, Jeh Johnson, anunció el martes que los órganos responsables no aceptarán los requerimientos "como estaba originalmente programado". "Estoy en firme desacuerdo" con la decisión del Juez Hanen, expresó Johnson en una nota oficial, donde también adelantó que "el Departamento de Justicia apelará este bloqueo temporario. Por ahora, debemos reconocerlo y obedecerlo".

México y Guatemala expresan su descontento
El gobierno de México lamentó la decisión del juez Hanen y aseguró que redoblará sus esfuerzos para brindar información y asistencia a sus ciudadanos en EEUU al tiempo que les alertó sobre "posibles engaños y fraudes migratorios".

Guatemala, con más de 1,3 millones de inmigrantes en EEUU, también hizo una advertencia similar a sus ciudadanos residentes en Estados Unidos, tras lamentar la suspensión de las medidas de Obama.

Obama anunció en noviembre un paquete de medidas para sacar de la irregularidad a millones de inmigrantes, por considerar que el Congreso ha demostrado ser incapaz de aprobar una reforma migratoria completa.

El Senado llegó a aprobar en 2013 un ambicioso proyecto de ley de reforma del sistema legal sobre migraciones, que luego quedó empantanado en la Cámara de Representantes (diputados). Con la oposición republicana ahora en control de las dos cámaras del Congreso el proyecto es considerado letra muerta.

La Casa Blanca decidió este martes plantar batalla legal a la decisión del juez de Texas. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró que el Departamento de Justicia apelará contra la decisión de Hanen, ya que las medidas son "coherentes" con leyes aprobadas por el Congreso y
con decisiones de la Corte Suprema, que "han dejado claro que el
Gobierno federal puede establecer prioridades en la aplicación de
nuestras leyes de inmigración".