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Fuertes protestas por el indulto a Alberto Fujimori, mientras crece la presión sobre el mandatario Pedro Pablo Kuczynski por el caso Odebrecht por el que tuvo que declarar ante la Fiscalía durante cuatro horas, lo mismo que la líder opositora Keiko Fujimori. Además, crecen las presiones para procesar a Kuczynski en el Congreso por el indulto al exmandatario peruano.

El mandatario fue interrogado por un equipo de fiscales anticorrupción encabezados por Hamilton Castro, encargado de las investigaciones del caso Odebrecht en el país.

La primera autoridad recibió a Castro y sus asistentes en el Palacio de Gobierno de Lima, donde respondió, en condición de testigo, por la información de que una empresa suya ofreció consultorías a Odebrecht entre 2004 y 2007, cuando era ministro del Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

Por este caso, un sector de la oposición en el Congreso presentó un pedido de destitución del gobernante, que finalmente fue archivado gracias a que una parte del fujimorismo, liderado por el legislador Kenji Fujimori, se abstuvo de votar.

Durante el debate del pedido de destitución, Kuczynski afirmó que estaba dispuesto a colaborar con todas las investigaciones del Congreso y la Fiscalía.

También Keiko Fujimori
Durante la jornada, también el fiscal para casos de lavado de activos José Domingo Pérez, interrogó a la líder del partido opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sobre una presunta financiación irregular de sus campañas electorales.

En este caso, Keiko responde por la anotación en una agenda del empresario brasileño Marcelo Odebrecht, que decía ‘Aumentar Keiko 500’, además de por la financiación de sus campañas electorales del 2006, 2011 y 2016.

Keiko acudió a la fiscalía en la cuarta ocasión en que fue citada, ya que en las anteriores pidió que se reprogramen las convocatorias para que su defensa pueda revisar el cuaderno fiscal, que la investiga por la presunta comisión del delito de lavado de activos. 

Protesta

Decenas de miles de peruanos llenaron ayer las calles y avenidas de las principales ciudades del país para protestar contra el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori que le exime de una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, de la que ya purgó casi once años.

Al grito de “el indulto es un insulto” y pancartas de “traidor”, los manifestantes expresaron su indignación contra el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, que en la pasada Nochebuena concedió la libertad a Fujimori, cuando en la última campaña electoral se había comprometido a no hacerlo.

Los manifestantes pidieron anular la resolución para que Fujimori vuelva a prisión y cumpla su condena de manera íntegra, dictada en 2009 como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), ejecutadas por el grupo militar encubierto Colina, además de por el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.

Con arengas de “Fuera, fuera PPK” y “urgente, urgente, nuevo presidente”, pidieron la renuncia de Kuczynski ante la creciente sospecha de que pactó la libertad de Fujimori a cambio de seguir gobernando.

Recordaron que Kuczynski liberó a Fujimori solo tres días después de que se salvara de ser destituido por el Congreso gracias a la abstención de un sector del fujimorismo que lidera Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente, quien le había pedido al actual gobernante indultar a su padre. 

Previamente, el acceso a la plaza San Martín, en el centro histórico de Lima, fue restringido por las autoridades peruanas.

Profunda preocupación de la Cidh por el indulto concedido a Fujimori 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su "profunda preocupación" por la decisión del Gobierno de Perú de otorgar un indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori por padecer graves enfermedades.

En un comunicado emitido desde su sede en Washington, la CIDH, organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), recordó que Fujimori fue "condenado a 25 años de prisión por graves violaciones a los derechos humanos".  "El indulto presidencial es una potestad constitucional discrecional del Presidente de la República, pero debe estar regida por principios constitucionales y normas internacionales de derechos humanos", subrayó la Comisión.

 En este sentido, la CIDH manifestó su "preocupación porque el indulto a Alberto Fujimori no cumple con requisitos legales fundamentales, como tampoco con elementos del debido proceso legal e independencia y transparencia de la junta de evaluación técnica".
Fujimori fue considerado autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de un total de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en 1992.

El indulto -aseveró el órgano de la OEA- "no toma en cuenta las particularidades de los crímenes de lesa humanidad, ni el derecho a la justicia de las víctimas y sus familiares".

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