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El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, tildó de “inconstitucional” la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas, debido a que vulnera el derecho a la libre asociación para conformar Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Villena pidió que ésta pueda ser revisada en profundidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional, instancia a la que presentó, en 2013, un recurso de inconstitucionalidad en contra de la norma.

“Nosotros en su momento hemos sido oportunos para decir que es inconstitucional, hemos pedido que se revisen este tipo de medidas que no hacen otra cosa que poner en serio riesgo la democracia en nuestro país”, manifestó Villena.

La normativa

El recurso de inconstitucionalidad, presentado en junio de 2013, va en contra de dos artículos de la Ley 351 y del Decreto Supremo 1.597. Ambas normas facultan al Gobierno a disolver una ONG o fundación sin argumentar razones y sin autorización judicial.

Además, para reconocerlas, obligan a que éstas adapten sus estatutos y objetivos a los planes gubernamentales de desarrollo. La ley también establece que los activos de estas entidades serían tomadas por el Estado “35 días después” de anunciada su disolución.