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Sufrió otro revés judicial y aún no dejará la cárcel. La jueza Segunda de Instrucción en lo Penal, Wiat Belzu, rechazó ayer el pedido de la defensa de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo de reducir de tres a dos los garantes solventes para que deje el penal para mujeres de Miraflores (La Paz), razón por la que todavía no podrá cumplir la detención domiciliaria con la que se benefició. 

Su abogado, Milko Suaznabar, dijo que ahora están en procura de encontrar a una tercera persona que avale la salida de la exautoridad. “No hay un plazo, pero hasta que no se cumplan con esos requisitos, ella deberá seguir detenida preventivamente”, dijo a la conclusión de la audiencia.

Achacollo se encuentra tras las rejas desde agosto de 2016, cuando fue acusada de malversar recursos del extinto Fondo Indígena. En ese entonces se estableció que existían indicios de que incurrió en los delitos de incumplimiento de deberes, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y conducta antieconómica.

Hace tres días, en otra audiencia, la defensa de la exautoridad no pudo convencer al juzgado de la identidad de sus garantes, quienes fueron rechazados.

El 21 de noviembre Achacollo se vio beneficiada con la reducción del monto de su fianza de Bs 200.000 a 50.000, los mismos que ya pagó el lunes. El hecho generó críticas de la oposición.

Seis veces le dijeron que no
La exministra intentó en seis oportunidades abandonar la cárcel paceña, pero en todas esas oportunidades la decisión judicial fue adversa; recién el 9 de noviembre se aceptó que pueda recibir medidas sustitutivas a la detención preventiva. 

El sábado tuvo lugar la verificación del domicilio donde la mujer permanecerá, en Montero (Santa Cruz). El domicilio está ubicado en la calle Los Maticos, del barrio 27 de Agosto. 

Los otros implicados
A la par de Achacollo, otros dos exdirigentes recibieron detención domiciliaria, Melva Hurtado y Damián Condori, quien buscará en una audiencia de apelación, que se realizará en los próximos días, la reducción de la fianza interpuesta por un juzgado de La Paz y solicitará que de los 200.000 bolivianos que le impusieron se baje a 20.000 bolivianos.

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