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El transcurso del tiempo tiene sus consecuencias y, en especial, en materia penal su mayor efecto destructor consiste en la extinción de la acción penal, lo cual se traduce en impunidad.

Las razones son varias, entre ellas la política criminal relacionada con el principio de mínima intervención y el límite al poder sancionador del Estado sumado a la seguridad jurídica del ciudadano (derecho que tiene todo imputado de que se le defina su situación jurídica en las condiciones exigidas por la ley y dentro de un tiempo razonable), así también por prevención delictiva tanto especial como general, lo que se conecta con la imposibilidad de cumplir los fines de la pena por el tiempo transcurrido, y, en su aspecto procesal, el paso del tiempo imposibilita avanzar en la investigación y encontrar pruebas.

Existen dos formas de extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo: a) la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; y, b) la extinción de la acción penal por prescripción.

En el primer caso, se entiende que todo proceso penal debe durar como máximo tres años (art. 133 del Código de Procedimiento Penal, CPP), pero esto no es automático, por cuanto debe existir razonabilidad del plazo en base a la complejidad del asunto, la actividad procesal del imputado y la conducta de las autoridades judiciales. Si esta situación se ha dado como consecuencia de retardación de justicia o dilaciones indebidas provocadas por el Órgano Judicial y/o el Ministerio Público procede dicha extinción junto a la sanción funcionaria por la demora.  

En la segunda forma, el tiempo de la prescripción conforme al art. 29 del CPP dependerá de la gravedad y la naturaleza de cada delito en particular, esto significa que: 1) en ocho años, prescribirá la acción penal para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad de seis o más de seis  años; 2) en cinco años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad menores de seis y mayores de dos años;
3) en tres años, para los demás delitos sancionados con penas privativas de libertad; y, 4) en dos años para los delitos sancionados con penas no privativas de libertad.

Para evitar ese efecto destructor del tiempo por prescripción, nuestra legislación contempla la imprescriptibilidad de determinados delitos de excesiva gravedad, estos son: genocidio, de lesa humanidad, de traición a la patria y crímenes de guerra, así como también los delitos de corrupción cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico; sumado a ello, desde una perspectiva internacional de protección de derechos humanos (DDHH) existen otras situaciones que conllevan también aspectos de imprescriptibilidad.

Es así que la Comisión y la Corte del Sistema Interamericano de DDHH han establecido que las víctimas de graves violaciones de los DDHH y del derecho internacional humanitario, así como sus familiares, tienen el derecho a saber la verdad acerca del abuso que han sufrido y exigir la responsabilidad estatal (indemnización) por los daños causados.

Por otro lado, para evitar la impunidad de los autores de los delitos más graves de trascendencia para la comunidad internacional, una vez cumplido el principio de complementariedad, las víctimas pueden acudir ante la Corte Penal Internacional para el juzgamiento de jefes de Estado o de Gobierno, funcionarios de Gobierno, parlamentarios o militares por la comisión de tales delitos.