El sector privado se comprometió a invertir $us 3.000 millones este año, luego de que el Gobierno saldara sus compromisos de aprobar tres leyes prioritarias. Con esa promesa, se quiere dar un espaldarazo al crecimiento de la economía nacional, del 5% previsto por el Estado.
El ofrecimiento lo hizo el presidente de la Confederación de empresarios privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, en el acto de promulgación de la Ley de Conciliación y Arbitraje (Ley 708) realizado ayer en palacio de Gobierno, norma que fue destacada por el sector.

“Gracias a la voluntad política, contamos con una Ley de Entidades Financieras remozada y desafiante. Una Ley de Inversiones con gran potencial y un marco para la atracción de capitales. Y con la Ley de Arbitraje y Conciliación, salvo un par de temas pendientes (como la de los contratos administrativos), contamos con una norma digna de aplauso y reconocimiento”, manifestó Nostas.

En ese sentido, mencionó que su sector, acompañará el objetivo estatal, de hacer crecer un 5% a la economía. “Para ese cometido, es necesario que la inversión privada logre niveles de $us 3.000 millones, como el presidente nos lo demanda”, añadió.

El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores (Caneb), Guillermo Pou Munt, expresó por su parte, que la nueva ley cierra un conjunto de normas para lograr atraer inversiones al país. “Están pendientes los incentivos emergentes para las inversiones, pero la Ley de Arbitraje es una de las patas centrales de la Ley de Inversiones porque permite al extranjero y al nacional que invierta”, sostuvo.

Seguridad jurídica
El presidente Morales destacó que esta ley garantiza la inversión y dignifica a los bolivianos.

También destacó la propuesta de inversión de los empresarios privados del país, ya que esta tiene que ser proyectada a largo plazo.
La autoridad espera que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) hasta el 2020, llegue a los $us 70.000 millones. Al cierre de 2014, el PIB se situó en $us 36.000 millones.

El procurador del Estado, Héctor Arce, explicó que la nueva normativa vela por el Estado pero valora al mismo tiempo, a la empresa privada y por la seguridad jurídica.

“Es una ley alternativa a la administración de justicia. Genera un arbitraje imparcial y justo. Es una ley consensuada con los empresarios”, indicó.
Entre otras figuras, la Ley de Arbitraje y Conciliación introduce un Árbitro de Emergencia para tomar medidas urgentes. Se introdujo también la toma de medidas cautelares para evitar que se genere un daño que pueda ser inviable en la ejecución de un laudo arbitral