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Vecinos de barrios del distrito 14 y del Plan Tres Mil, establecidos en los alrededores del vertedero de Normandía, instalaron un bloqueo en el ingreso al basurero municipal para exigir el cierre inmediato. La medida de presión puede perjudicar la limpieza de la ciudad, ya afectada por los microbasurales que se han formado en distintos puntos de la capital.
El grupo de residentes, que comenzó a bloquear el vertedero la madrugada de este domingo, lo hizo desconociendo un acuerdo entre otro grupo de vecinos, a la cabeza de Néstor Salva, con la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz (Emacruz), quienes en una reunión dieron su visto bueno para que el basurero funcione hasta el 2019. 
Los movilizados piden que se cumpla la auditoría realizada por la Empresa CAVE para la Gobernación cruceña, la cual sugirió que el vertedero sea utilizado hasta el 30 de junio de 2018, por lo tanto, rechazan la prórroga que otorgó  la  Gobernación para que pueda operar hasta el 2019.
“Nuestro pedido es claro: que se cumpla la auditoría ambiental, que establece que la vida útil del vertedero acaba el 30 de junio. Como ya se cumplió la fecha y la Alcaldía, en lugar de cerrarlo, logra que se amplíe hasta el 2019, no nos queda más que iniciar medidas de hecho. Este vertedero nos está matando”, indicó Martín Vara, vecino del barrio Jardines del Sur y uno de los voceros del movimiento.
Víctor Clavel, residente de Valle Sur, que también se encontraba bloqueado, manifestó que el reclamo de los vivientes es por la contaminación del aire, del agua y del terreno, lo que está afectando la salud de los pobladores. 
La diputada Adriana Arias, del MAS, que representa a la circunscripción que abarca el Plan Tres Mil, indicó que, al ser residente en la zona aledaña al vertedero de Normandía, respalda plenamente la determinación asumida por los residentes de la zona. “Se trata de un tema que tiene que ver con la vida de la gente. El vertedero está enfermando a los vecinos”, expresó Arias. 
Por su parte, Raquel Guerrero, otra viviente del lugar, adelantó que no descartan presentar una acción popular ni acciones legales por daños a la salud pública.
Guerrero insistió en que no se tomaron en cuenta las observaciones de la auditoría ambiental, como el hecho de que no se evidenció la quema de las chimeneas en ninguna de las fosas, dijo. 
La medida de los vecinos pone en riesgo la limpieza de la ciudad, ya que si el bloqueo persiste, los camiones basureros no podrán ingresar al vertedero para que se haga el tratamiento de los residuos, advirtió la Alcaldía cruceña.
 “Son 1.500 toneladas de basura por día que se dejarán de procesar y eso es un daño a la salud”, dijo el secretario de Gestión y Coordinación de la Alcaldía, Jorge Landívar.
A esto se suma el problema de los microbasurales que hay en distintas de zonas de la ciudad, como el que se ha formado en el sexto anillo, zona de San Aurelio, donde ramas de árboles, escombros y llantas cubren los bordes de la vía, según constató El DEBER.

Ven afanes políticos
El secretario de Gestión y Coordinación Institucional, Jorge Landívar, refirió que ayer se buscó un acercamiento con los movilizados, lo que no pudo concretar.
La autoridad municipal indicó que se trata de una minoría que responde a intereses políticos, pero que la comuna seguirá insistiendo en el diálogo en busca de una solución al conflicto. Sin embargo, advirtió que si no llega a un acuerdo, no se descarta iniciar medidas legales por atentado a la salud pública.
El gerente de Emacruz, Jhonny Bowles, en anteriores declaraciones, explicó que la fosa 7 ya tiene un cierre técnico y que el resto de los depósitos de basura serán monitoreados por la comuna por los próximos 20 años, una vez se cierre la planta, el 30 de junio de 2019.   
Bowles agregó que en el actual relleno sanitario ya se han instalado cuatro plantas para el aprovechamiento de cierto tipo de residuos sólidos, para lo cual en julio se lanzará una licitación pública internacional para la operación de estos espacios de industrialización de la basura.