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Recientemente en el suplemento Séptimo Día, del Diario EL DEBER se publicó una nota bajo el título Hay efectivos que entregan las llaves de la frontera al contrabando, es decir, que policías y militares entregan el pin a los traficantes para que al momento de llegar a la tranca de control lo repliquen a los efectivos y puedan pasar sin problemas. Los sobornos ascienden hasta $us 2.000.

En ese sentido, entiéndase que mientras el contrabando se encuentre en auge, habrá funcionarios corruptos o corruptibles.

La lucha contra el contrabando en nuestro país es «contradictoria» máxime si desde el 2009 se aumentó el margen del valor de la mercadería decomisada para que sea considerado delito y no contravención. De esta manera existe un favorecimiento directo a dicho ámbito delincuencial.

Adviértase que antes del 2009 se consideraba al contrabando como delito cuando el valor de la mercadería decomisada superaba las 10.000 UFV; hoy en día, resulta que a partir de las 200.000 UFV en adelante (valor de la mercadería decomisada) recién el contrabando es considerado delito.

El contrabando continúa sin ser atacado desde su raíz (tributaria), por lo tanto, dicho mal nunca se debilitará.

En Bolivia el nivel impositivo es y se mantiene alto (el costo de legalidad es alto), por ende muchas personas por un costo de oportunidad incursionan en el contrabando, porque lo consideran rentable, favorable e incluso en algunos casos hasta impune.

Debemos entender que muchas personas se dedican a la informalidad no necesariamente por necesidad, sino porque ponen en la balanza el costo de ser formal y el de no serlo, moviéndose por el costo de oportunidad.

Algunas sugerencias para atacar el alijo.

1.- Reducir el costo de la legalidad, por ejemplo: bajar el costo de los impuestos dado que es evidente que muchas personas no pueden cumplirlos; muestra de ello es que se ha proliferado en magnitud la informalidad y a quienes actualmente se los agobia de sobremanera y de forma permanente son a las minorías formales. 2.- La lucha contra la corrupción administrativa que emerge de la burocracia jamás será eficaz creando más burocracia; por lo tanto, se debe permitir que la sociedad civil establezca asociaciones o fundaciones de lucha contra la corrupción (con financiamiento privado e independiente al poder político o partidario) y que tengan accesibilidad efectiva y libertad de control social a todos los servidores públicos de las reparticiones estatales.