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Algunos familiares de los gobernantes o políticos latinoamericanos han hecho pasar a estos por momentos "incómodos", tras ser vinculados a casos de corrupción, tráfico de influencias e, incluso, han sido los mayores críticos a sus gestiones.

Desde hijos de presidentes, hermanos, padres hasta cónyuges forman parte de la larga lista de casos polémicos que demuestran que la política también puede ser un negocio de familia.

Cuentas en Irán

El más reciente tiene que ver con Máximo Kirchner, hijo de la presidenta argentina, Cristina Fernández, a quien se vincula con supuestas cuentas bancarias millonarias en Estados Unidos e Irán y que, al parecer, comparte la titularidad de alguna de ellas con la exministra de Defensa y Seguridad, Nilda Garré.

Diferentes sectores de la oposición han pedido que se investigue al hijo mayor de la mandataria y del fallecido expresidente Néstor Kirchner, quien ha negado que tenga depósitos en el extranjero sin declarar y atribuyó las acusaciones a una maniobra política. 

Por otra parte, Máximo y su hermana Florencia figuran como directores suplentes en la sociedad Hotesur, de la que es accionista Cristina Fernández y que tiene a su cargo la administración del hotel Alto Calafate, en el sur de Argentina. 

La sociedad Hotesur es investigada por la Justicia por presuntas
irregularidades
administrativas.

En Chile, tráfico de influencias

También Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta de Chile,
Michelle Bachelet, está siendo investigado junto a su esposa,
Natalia Compagnon, por tráfico de influencias y eventual uso de
información privilegiada.


El caso en que está involucrado el hijo de Bachelet es un negocio
inmobiliario en el que adquirió tierras con un millonario préstamo
concedido por uno de los dueños de uno de los principales bancos del
país, para luego venderlos a un precio mayor.

La Casa Blanca

En México, una investigación periodística reveló, a finales de
2014, que la primera dama, Angélica Rivera, encargó a un contratista
del Gobierno la construcción de una lujosa mansión en la capital
mexicana, conocida como la Casa Blanca, lo que causó uno de los
escándalos más sonados de los últimos años.

Las críticas desatadas en torno a la residencia llevaron a
Rivera, actriz de profesión, a anunciar la venta de la propiedad y
al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, a hacer pública su
declaración patrimonial
completa.

El cátering de BoA

En Bolivia, a una empresa vinculada con la cuñada del vicepresidente Álvaro García Linera se le entregó la concesión de un contrato de cátering de la aerolínea estatal BOA.

La adjudicación, por un valor de 2,5 millones de dólares, fue denunciada en marzo de 2014 por un partido de la oposición.

García Linera consideró entonces que la denuncia formaba parte de
la "guerra sucia" de la oposición contra el Ejecutivo y defendió la
legalidad del contrato, pero ordenó su rescisión con el argumento de
que este no acompañaba su "discurso ético".

Paraísos fiscales 

En Colombia, los hijos del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010),
Tomás y Jerónimo, protagonizaron un escándalo en abril de 2013,
cuando sus nombres aparecieron en una lista de personalidades con
inversiones en un paraíso fiscal
, lo que provocó que se pidiera una
investigación judicial al respecto.

Según pesquisas del Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ), publicadas en el rotativo británico The
Guardian, los hijos del ahora senador eran accionistas de una
corporación llamada Asia America Investment Corporation, con sede
desde 2008 en las Islas Vírgenes.

Los jóvenes explicaron que la compañía nunca operó ni produjo
ingresos
y a que los pocos meses de crearla se retiraron mediante
acto jurídico formal, algo que no convenció a varios sectores
políticos del país, que recordaron que Tomás y Jerónimo fueron
acusados de tráfico de influencias mientras su padre fue presidente.

Además de sus hijos, también levantó controversias uno de los
hermanos del expresidente Uribe, Santiago, quien el año pasado fue
señalado ante la Fiscalía de presuntamente colaborar en el asesinato
de un conductor de autobús en 1994 como parte de una estrategia del
grupo paramilitar "Los doce apóstoles".

Los hermanos de Ollanta

También está el caso del hermano del mandatario de Perú, Ollanta
Humala, Antauro, quien paga una condena de 19 años de prisión por la muerte de seis personas en un caótico levantamiento militar contra
el Gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006), en 2005.

El caso de la familia Humala es especial, ya que varios de sus
miembros han sido fuertes críticos del propio presidente. Antauro lo
tilda de "conserje"
, otro hermano dice que quien manda es su esposa
Nadine, un tercero ofreció en su nombre negocios en Rusia y su padre
lo trata de traidor.