Mediante un video, Larrazábal se declaró perseguido político. Se buscó la versión del ministro Romero, pero no contestó

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24 de mayo de 2018, 8:00 AM
24 de mayo de 2018, 8:00 AM

Un video y la denuncia de una persecución política en su contra es lo que dejó el dirigente cívico de Achacachi, Elsner Larrazábal, para anunciar que partió al exilio porque no encuentra justicia en el país; frente a ello, su abogado, Paulo Peredo, dijo que esa decisión nunca le fue comunicada y que ahora el peligro se cierne sobre los dos garantes que presentó para salir de prisión y que cometió un error.

“Hace una hora vi el video porque me lo mostraron: creo que el señor tomó una decisión personal, no consultada a su abogado y, bueno, son decisiones que escapan a la voluntad de los abogados, no conozco el reporte del biométrico que tenía mi cliente”, dijo.

Larrazábal envió un video de dos minutos de duración y en el mismo denuncia que no confía en la justicia y que, por esa razón, tomó la decisión de salir de Bolivia.

“Lo único que hemos hecho es defender la democracia, pedir justicia e ir en contra de la corrupción de un alcalde del Movimiento Al Socialismo, pero estamos pagando un costo muy alto al tomar esta decisión, pues estamos siendo obligados a abandonar nuestro país, obligados a abandonar nuestro pueblo, un pueblo digno y valeroso pueblo de Achacachi. Hemos tomado la decisión de pedir refugio político producto de la persecución política, del linchamiento político de la justicia manipulada por el Gobierno central”, refiere la parte central de su video.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, fue consultado sobre este punto y pidió un tiempo para responder; sin embargo, su teléfono fue apagado. El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, no contestó las llamadas.

Peredo precisó que en abril de este año, para obtener la detención domiciliaria, Larrazábal fue arraigado, tenía que presentar dos garantes personales, depositó una fianza de Bs 12.000, además de registrarse en el biométrico de la Fiscalía en La Paz cada lunes.

Larrazábal dijo que el único delito que cometieron fue el denunciar los actos de corrupción del alcalde y que por esa razón, 53 vecinos de Achacachi, entre dirigentes y vecinos, fueron procesados, mientras que el alcalde Édgar Ramos sigue en libertad y protegido por los denominados ponchos rojos.

La familia y el pueblo

Peredo dijo que su cliente tiene a una madre de edad muy avanzada y con una enfermedad en los huesos. Además, en los días del conflicto de 2017, una persona que caminaba junto a él dijo ser su hermano.

Los pobladores de Achacachi tienen miedo de realizar declaraciones por los problemas que pueden tener. El otro dirigente con el que Larrazábal fue procesado es Pedro Villca: este se mostró sorprendido, dijo que no sabía nada de su compañero de lucha, pues el juez había dispuesto que no podían comunicarse entre ellos.

Los vecinos de Larrazábal hablan de que la fuga se produjo por Perú, dada la proximidad del territorio, aunque dudaban de que el cívico hubiese escapado debido a que él era el sostén de su madre, que es una adulta mayor que no puede valerse por sí misma.

ANTECEDENTES

El inicio del conflicto
El 14 de febrero de 2017, los vecinos de Achacachi rechazaron la rendición de cuentas del alcalde Édgar Ramos. La protesta derivó en la quema de su casa.

Las reacciones
El 13 de septiembre se denunció el secuestro del dirigente poncho rojo Modesto Clares. El 4 de octubre, el dirigente Elsner Larrazábal fue detenido en inmediaciones de la UMSA.