Opinión

Normandía y politización

El Deber 4/7/2018 04:00

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Cuando hay tanta injerencia política, se pierde claridad respecto a la dimensión de los problemas y la eficiencia de las soluciones que se plantean. Eso es lo que parece estar ocurriendo en el vertedero de Normandía en estos días. Cuando hay intereses sectarios, los acuerdos dejan la sensación de que la planificación es relegada y que se da paso a los caprichos expresados en la presión.

Que el vertedero cumplió su vida útil, que su presencia en Normandía deja malos olores y problemas en la salud de los vecinos que viven en su alrededor parece ser una realidad innegable. Que este año debió ser trasladado es otra verdad, pero se mantendrá por lo menos hasta febrero porque el municipio no puede darle una solución más próxima a ese asunto.

Otro problema que se arrastra desde hace décadas y con ya varias gestiones municipales tiene que ver con que hay barrios construidos ilegalmente cerca del vertedero. Según las normas, nadie debería vivir a un kilómetro de distancia alrededor del lugar donde se entierran los desechos de una ciudad con más de dos millones de habitantes y donde se generan más de 1.800 toneladas de basura cada día; sin embargo, hay miles de personas en varios vecindarios que se fueron creando y sus asentamientos van a ser legalizados como consecuencia de la ‘negociación’ tras los bloqueos. De crecimiento urbano planificado, ni hablar.

En las protestas, bajo la etiqueta de ‘vecinos’, aparecen actores político partidarios. Unos bloquean (por ejemplo, la diputada del MAS, Adriana Arias junto con sus seguidores) y otros aparecen en el desbloqueo (la presidenta del Concejo y otros concejales, así como asambleístas del MAS y de MDS, cuyos roles y atribuciones son otros de acuerdo a ley). Los ‘vecinos’ que acuerdan son acusados por los que quedan al margen de responder a consignas políticas. Todo ese contexto deja una sensación de oportunismo que responde más a intereses 
sectarios que a lo que realmente le interesa al ciudadano común, tanto el que habita en la zona como el que se perjudica en el resto de la ciudad.

Y así se va desnaturalizando el problema porque es utilizado por quienes tienen intereses ajenos. La solución hallada por los negociadores ha sido legalizar los barrios ilegales y no acusar a quienes bloquearon, a pesar de que obstruir el libre tránsito está prohibido en la misma Constitución. Eso no habla bien de todas las autoridades que concurrieron a la búsqueda de acuerdos, porque está claro que, en el afán de lograr sus objetivos, pierden de vista la planificación necesaria y, sobre todo, el bienestar de toda la ciudadanía, incluidos los que viven cerca del vertedero, ya que seguirán soportando la contaminación y los malos olores, que no desaparecerán ni siquiera cuando se traslade el entierro sanitario.

Urge que todos los que tienen poder de decisión en las instituciones públicas piensen más en generar calidad de vida para los habitantes de Santa Cruz de la Sierra. Los parches no ayudan, solo posponen las soluciones reales y de largo plazo.