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La inaplicabilidad del polémico art. 205 radica en que el actual Código Penal regula de manera pacífica cualquier inconducta que los médicos pudieran incurrir, lo que ha derivado en la repulsa social haber modificado el mismo.

La inaplicabilidad legal del art. 205 está ordenada por la Constitución Política del Estado, art. 410.II, que dispone que la Carta Magna es la norma suprema del ordenamiento jurídico y goza de primacía frente a cualquier otra disposición; consiguientemente y ante la aplicación del referido art. 205, los jueces simplemente deberán apartarse debido a que cuando sanciona con la ‘inhabilitación’ del procesado en sus labores, viola el derecho fundamental al trabajo y el Estado está obligado a proteger su ejercicio – art. 46.I CPE. Por esto, procede la Acción de Inconstitucionalidad contra del art. 205 para que sea expulsado del marco jurídico, lo que debería ser planteada por cualquier diputado.
Los asambleístas que redactaron el art. 205 lo restringieron a los médicos en primera instancia, pero después fue abierto a ‘cualquier persona’, esta situación constituye en un gravísimo error procedimental que llevara al Sistema Penal a sancionar con dos o más tipos penales un mismo hecho; así, si un jugador de fútbol practicando deporte causa lesiones gravísimas a otro y podrá ser procesado por los tipos penales de lesiones gravísimas o por el Art. 205, lo que contraerá graves trastornos para el sistema jurídico nacional.

Los redactores del art. 205 demuestran absoluto desconocimiento del derecho debido a que estipularon la expresión “temeridad en la culpa”, cuando la culpa es la “inobservancia del cuidado al que está obligado conforme a las circunstancias y sus condiciones personales” (art. 15 Código Penal); ello significa que no tiene conciencia, entonces, si no tienes conciencia cómo se puede medir la “temeridad” de la inconciencia; ello, solo en el dolo – art. 16 Código Penal.

El Código Penal que se abroga, en su art. 218, sanciona el ejercicio ilegal de la medicina a aquellos que sin título ejercen la profesión médica; así como, al médico que prometiere la curación de dolencias a término fijo o por medios secretos e infalibles; también, al galeno que preste su nombre a quien no tiene título para que ejerza la profesión; y, el clínico que efectuare intervención o tratamiento médico innecesario. Ahora, y si el hospitalario de forma culposa (art. 15 Código penal) causare la muerte del paciente, podrá ser procesado por el delito de homicidio culposo (art. 260 Código Penal), pudiendo ser sancionado de uno (1) a tres (3) años; si la muerte se produjere por grave violación culpable de los deberes inherentes a su profesión (es decir peligrosa transgresión a los protocolos clínicos) la sanción será de reclusión de uno (1) a cinco (5) años.
Ya para las personas comunes, es decir, sin título médico, el art. 216 Código penal señala la pena de uno a 10 años por propagar enfermedades graves o contagiosas u ocasionar epidemias; envenenar aguas de consumo público; envenenar medicinas o alimentos; comercializar sustancias nocivas a la salud; cometer actos contrarios a las normas de higiene o sanidad; provocar escasez o encarecimiento de alimentos y medicinas que perjudiquen la salud pública; quebrantar medidas de sanidad pecuaria o propagar epizootias y plagas vegetales; expedir medicinas contrarias a las recetas médicas; transmitir sida.

Concluyentemente, es demasiado evidente la inaplicabilidad del socialmente resistido art. 205 y su remedio jurídico es la Acción de Inconstitucionalidad.