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"Nos recuerdan a los Decretos Ley que emitían gobiernos militares", dijo el Defensor del Pueblo, respecto a la norma aprobada por el Gobierno del presidente Evo Morales, 2366, que autoriza la exploración de hidrocarburos en áreas protegidas del país. 

La autoridad consideró que dicha disposición vulnera siete artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) y cinco Tratados o Acuerdos Internacionales referidos a los derechos de los pueblos indígenas y al medio ambiente y protección de la vida.

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Villena ingresó una acción de inconstitucionalidad contra este Decreto, señalando que la medida dispuesta por el Ejecutivo afecta los derechos de los pueblos indígenas a su autodeterminación y a ser consultados antes de implementarse medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.

En este caso, de acuerdo a la Defensoría, la intervención sobre las áreas protegidas afectará necesariamente la calidad medio ambiental. "Tampoco se consideró informar y menos consultar a la población, como lo manda la Constitución, antes de emitir la disposición", aseveró Villena.

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También se están afectando acuerdos internacionales suscritos por Bolivia como la Declaración de ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el Convenio 169 de la OIT, entre algunas.

"Estas decisiones van contra los principios fundamentales del Estado Plurinacional pero sobre todo se asumen para favorecer al sistema colonial capitalista que, como sabemos, vive y se fortalece en base a la depredación de los recursos naturales de países subdesarrollados, la destrucción del medio ambiente y la explotación inmisericorde del planeta", concluyó.