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Algunos de los más de 40 excarcelados por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro durante la víspera y el día de Navidad se quedaron ayer en ascuas y a la espera de conocer las condiciones de su libertad, luego de encontrar cerrados los tribunales.

Una de las liberadas que no encontró al juez fue la hispano-venezolana Andrea González, que llevaba 2 años y 4 meses detenida junto a su amiga Betty Grossi acusada de querer matar a la hija del dirigente chavista Diosdado Cabello.

González y Grossi acudieron al Palacio de Justicia de Caracas acompañadas por su abogado, Joel García. Según confirmó García, sus clientes no han recibido ninguna novedad, y “los tribunales no van a despachar hasta el 8 de enero”.

En la misma situación está el ingeniero Juan Miguel de Sousa, que también está representado por García y lleva en prisión desde enero de 2015 acusado de "terrorismo" y "asociación para delinquir" y salió con González y Grossi de la sede caraqueña del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de El Helicoide.

Otro de los liberados que pasará las fiestas sin saber sus condiciones de libertad es el dirigente estudiantil Jhosman Paredes, preso desde 2014.

La parálisis de procesos judiciales porque los tribunales no se encuentran operativos es un fenómeno habitual en Venezuela, una situación que los abogados defensores de los derechos humanos ven como una forma de alargar los procesos y evitar así liberar a quienes consideran “presos políticos” por falta de pruebas.

Al asesor electoral de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Roberto Picón, que también fue uno de los beneficiados en la ola de excarcelaciones, se le ha puesto un dispositivo electrónico de geolocalización una vez trasladado a su domicilio.

La primera ronda de liberaciones fue decidida por la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC) instaurada por el chavismo en Venezuela, que anunció que se aplicarán otras medidas sustitutivas de cárcel aunque no han sido especificadas.
 La libertad de todos los “presos políticos” es una de las peticiones de los opositores en el diálogo con el Gobierno de Maduro para buscar una solución a la crisis.

Por otro lado, Brasil declaró ayer persona “non grata” a Gerardo Delgado, el diplomático venezolano de mayor rango en el país, en respuesta a una medida similar adoptada por Caracas la semana pasada, informó ayer la Cancillería.