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El Gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, ordenó el derribo de avionetas del narcotráfico como último recurso en el control del espacio aéreo, una medida polémica contemplada en el decreto que declaró la Emergencia en Seguridad Interior para combatir el tráfico de drogas, una promesa de campaña del mandatario y que tendrá efectos en la frontera con Bolivia y Paraguay, principales puntos de ingreso de cocaína.

La medida está contemplada en un decreto que declaró la emergencia de seguridad por un año, que dispone reforzar los controles en el espacio aéreo, las vías fluviales y los puestos de frontera de todo el país.
El derribo de avionetas sospechosas de transportar estupefacientes ya está previsto en Perú, Paraguay y Brasil.

Según el texto, el objetivo es "revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico".
EL DEBER habló con un alto jefe de la Gendarmería Nacional de Argentina, que pidió mantener su identidad en reserva, y este aseguró que el 80% de la droga boliviana que ingresa a ese país se lo hace a través de avionetas que no pueden ser detenidas y que, cuando son descubiertas, regresan a territorio boliviano.

El derribo de aviones "es una hipótesis que tiene que ver con la protección del espacio aéreo", afirmó el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, a radio argentina Mitre.

Burzaco indicó que en 2015 el sistema de radares que funcionaba ocho horas diarias "detectó más de 400 vuelos irregulares que entraron al país sin reportarse", por lo que proteger el espacio aéreo "es un tema crucial si queremos evitar las decenas de vuelos ilegales por semana que traen droga a la Argentina", insistió.

En defensa del Gobierno, el funcionario destacó que "nueve de los diez países de la región ya tienen una ley de protección del espacio aéreo, solo falta Paraguay", y, según mencionó, "la mayoría termina, después de siete pasos, en una posibilidad de derribo". "No es que se ande derribando aviones, son contados con los dedos de las manos los casos que han ocurrido", afirmó.

Situación en Perú

Perú, uno de los principales productores mundiales de cocaína y uno de los mayores exportadores de esa sustancia ilegal, reiniciará después de 15 años y sin apoyo extranjero la interceptación de vuelos ilegales de avionetas, prohibida en 2001 tras derribar por error un avión de una asociación evangélica que transportaba una familia estadounidense.
La declaración de Emergencia en Seguridad Interior en Argentina fue criticada por dirigentes de la oposición, al considerarla como "una pena de muerte sin juicio previo".

Juristas advirtieron además que puede violar la Ley de Defensa Nacional que prohíbe que las Fuerzas Armadas se involucren en cuestiones de seguridad interior. "Aprobar por decreto el derribo de aviones es un enorme error institucional que puede tener consecuencias irreversibles. Mucho peor sin debate", escribió en la red social Twitter la diputada Margarita Stolbizer, ex candidata presidencial de centroizquierda.

La dirigente afirmó que "el derribo de aviones es un retroceso que no resuelve el problema del crimen organizado" y reclamó "debate y consenso" para la lucha contra el narcotráfico.

"El uso de la fuerza sin control de legalidad previa es grave, nosotros nunca estuvimos de acuerdo ni impulsamos la ley de derribo", indicó por su lado Agustín Rossi, último ministro de Defensa de la expresidenta Cristina Kirchner (2007/2015).

En reacción, Burzaco llamó a darle un marco legal razonable, "no involucrando a las Fuerzas Armadas en el conflicto directo, pero que puedan ayudar con equipamiento logístico"

El Gobierno dice que es una decisión soberana
En ministro de Defensa, Reymi Ferreyra, aseguró que la decisión del Gobierno de Mauricio Macri de contemplar la posibilidad del derribo de avionetas que estén involucradas en el tráfico de drogas “es una decisión soberana que sigue la tendencia que se ha impuesto en la región”.

En diálogo con EL DEBER, Ferreyra destacó que Bolivia, Perú, Paraguay y Brasil cuentan con normativas que contemplan, en última instancia, la posibilidad de derribar una aeronave que se niegue a atender el requerimiento de vigilancia militar del espacio aéreo.

A diferencia del caso argentino que se produce a través de un decreto supremo, en Bolivia la normativa de interdicción fue aprobada por ley en el Congreso.

“Siempre se trata de una medida de última instancia y después de seguir un estricto protocolo”, explicó.

La medida se justifica, según Ferreyra, por el incremento desmesurado de vuelos impulsados por las organizaciones delictivas del narcotráfico.
“Primero se da una advertencia, luego un seguimiento y, en última instancia, el derribo que, además, debe contar con autorización de las autoridades militares”, indicó el funcionario.