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El testimonio de un analista militar será parcialmente excluido del juicio civil que los familiares de las víctimas de ‘octubre negro’ siguen en Estados Unidos contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín.

Según la orden judicial de la Corte de Distrito de Estados Unidos a la que accedió EL DEBER, el juez James I. Cohn decidió ‘conceder en parte y negar el parte’ el pedido de exclusión que hizo la defensa.

El documento, firmado el 28 de febrero de este año en Fort Lauderdale (Florida, EEUU), indica que los acusadores propusieron como testigo a Allen Borrelli, analista con más de 20 años de experiencia en investigación y estudio de estructuras militares en contextos de violencia contra civiles.

Su objetivo, según se lee en la orden judicial, es que Borrelli vierta una opinión sobre si Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín son responsables de comandar a las Fuerzas Armadas el “presunto uso inapropiado de fuerza contra civiles bolivianos” en octubre de 2013, cuando más de 60 personas murieron en medio de una represión militar.

Al solicitar que se lo aparte del caso, los defendidos argumentaron que Borrelli no está calificado para opinar sobre la organización del Ejército de Bolivia y menos aún sobre el rol del expresidente y el exministro en esa estructura.

Borrelli había dicho que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín tuvieron “un control efectivo de las Fuerzas Armadas durante el periodo en cuestión”, que a pesar de conocer las bajas de civiles ninguno de los dos hizo nada para evitar otras muertes y que los militares “incitaron a la violencia contra la población civil en vez de prevenir crímenes contra ella”.

Si bien la Corte considera que Borrelli está en condiciones ser testificar en calidad de experto y afirma que su análisis puede ayudar a entender la cadena de comando militar, señala que dio “un paso demasiado lejos” al ofrecer conclusiones legales que no son de su competencia.

Al considerar que las afirmaciones citadas previamente son conclusiones legales y no un análisis, que es lo que se espera de él, el juez Cohn determinó excluir parte de su testimonio: no tendrán  validez las opiniones sobre las circunstancias específicas de los fallecimientos ni los asuntos legales a las que hizo referencia.

Esta es la orden judicial (en inglés):

 

Gonzalo Sánchez de Lozada  (expresidente) y Carlos Sánchez Berzaín (exministro de Defensa) enfrentan en Estados Unidos un juicio civil en el que se los acusa de comandar el uso de violencia militar y la muerte de más de 60 personas en octubre de 2003 durante una protesta social en La Paz y El Alto, en rechazo a una serie de medidas propuestas por el Gobierno.

La versión de los abogados de la defensa apunta a que los líderes de las manifestaciones son los culpables y que ellos incitaron a la violencia.