El ministro de Gobierno, Carlos Romero, se sumó ayer al pedido de interrupción del embarazo para una menor, de 11 años, víctima de violación, solicitado por sus familiares y por la Defensoría del Pueblo en cumplimiento a una sentencia constitucional, que autoriza el aborto impune sin orden judicial, hecho que ha dividido la opinión pública, pues hay quienes apoyan la práctica del aborto y otros que se declaran en contra.

De hecho, el ministro Romero señaló que es comprensible que haya posiciones encontradas en la población. Sin embargo, indicó que en el ámbito jurídico el tema no tiene lugar al debate, sino que es de estricto cumplimiento.

Dijo que no se le puede obligar a (la niña) quien recién está acabando la etapa de la niñez a asumir una responsabilidad inducida que ella misma no ha buscado. “Desde el punto de vista moral hay un debate, pero lo cierto es que una persona que apenas está creciendo y preparándose para enfrentar la vida y que es objeto de una violación, cobarde, cruel, no es una persona que debería ser obligada a asumir esa responsabilidad.

Entonces hay que aplicar el art. 266 del Procedimiento Penal y proceder a un aborto asistido en caso de que el informe médico señale que eso es lo recomendable”, sostuvo.

Precisamente, el representante del defensor del pueblo en Santa Cruz, Hernán Cabrera, y familiares de la víctima solicitaron formalmente el jueves al hospital Los Pocitos, del Plan Tres Mil, dar cumplimiento a la sentencia 206/2014, que autoriza el aborto legal, sin orden judicial, y se encuentran a la espera de una respuesta.

El director del nosocomio, Efreen Gómez, evitó ayer referirse el asunto, al indicar que el tema se está manejando con bastante reserva por ser delicado.

Cabrera reiteró ayer que la sentencia es de estricto cumplimiento, por lo que si un médico se niega a acatarla puede recibir sanciones administrativas, penales y civiles.

Agregó que este hecho ha servido para que las autoridades y la población conozcan los alcances de dicha sentencia, toda vez que había desconocimiento de la misma.

Asistencia a la niña
Por su parte, la defensora de la Niñez y Adolescencia, Rossy Valencia, indicó que no es su competencia decir si la niña debe interrumpir su embarazo o no, pues su función es dar la asistencia sicológica necesaria a la niña y apoyarla en el proceso contra su agresor. “En esa resolución que tiene el defensor de pueblo (sentencia 206/2014) no implica la intervención de la Defensoría. Nosotros estamos atendiendo a la niña en el tema del abuso. Hemos hecho la representación ante el Ministerio Público”, refirió Valencia.

Posición de la Iglesia
La Iglesia católica emitió ayer un comunicado oficial al respecto, en el que condena “el deplorable delito de violación, agravado por el hecho de haber sido cometido contra una menor de edad”, pero también condena todo acto que atente contra la vida humana.

“Ha habido la sentencia constitucional que permite el aborto impune. Sin embargo, no todo lo legal es justo, menos aún cuando va en contra de la ley natural y de la conciencia ética y moral”, dice parte del comunicado.
El jueves el arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, también pidió respetar ante todo la vida