Escucha esta nota aquí

Mientras surgen más críticas a la máxima autoridad ejecutiva del Ministerio de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, por presunto desvío de más de Bs 71 millones de los recursos del Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas entre 2010 y 2013 (Fondo Indígena), el Gobierno evita señalar a la autoridad y apunta al directorio compuesto por organizaciones sociales del país.

La anterior semana, la Contraloría General del Estado (CGE) hizo conocer la demanda presentada el 26 de diciembre, al Ministerio Público, contra los ex directores ejecutivos, Elvira Parra, Daniel Zapata y Marco Antonio Aramayo, además de representantes legales y responsables de comisiones de administración y ejecución de 153 proyectos por daño económico al Estado de unos Bs 71 millones.

Pero el nombre de la ministra Achacollo no aparece.

Un día después, el presidente Evo Morales advirtió con reestructurar el Fondo, ya que “el Gobierno participa con uno o dos miembros dentro del directorio” y que “el movimiento campesino indígena originario tiene la mayor cantidad”, que son los que deciden en materia de proyectos y recursos.

La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, indicó que iba a efectuar un seguimiento adecuado a los procesos judiciales. “El Fondo se constituyó como entidad de derecho público que adopta la forma de entidad descentralizada con autonomía de gestión administrativa”, señaló.

Aseguró que lo que le corresponde al Ministerio de Desarrollo Rural es constituirse en “querellante como víctima”.

Responsabilidad
Sin embargo, hay sectores que responsabilizan a Achacollo de haber dispuesto a ciertos beneficiarios, los recursos del Fondo que hasta el 2011 ascendían a $us 200 millones.

“El presidente (Evo?Morales) siempre quiere protegerla. Cuando hay signos de corrupción el Gobierno promete investigar como siempre, pero ‘siempre’ quiere decir a nivel inferior. Nunca se investiga desde el Ministerio para saber del procedimiento de los desembolsos y la prioridad de quien. Aquí hay un blindaje a la ministra”, dijo el titular de la Cidob, Adolfo Chávez.

Por su parte, el diputado suplente de Unidad Demócrata (UD) y exdirigente de los indígenas de tierras altas, Rafael Quispe mencionó que los responsables no solo son los directores ejecutivos del Fondo, sino los miembros del directorio que son dirigentes del Pacto de Unidad, especialmente la ministra Achacollo porque ella es la presidenta del Fondo. “El lunes me voy a querellar contra ella y ante el directorio”, declaró.

Denunció estar siendo amenazado de muerte por seguidores del MAS y criticó que el Ministerio Público no haya asignado a un fiscal para que investigue el caso.

Por su parte, Aurelio Ambrosio, ex jefe técnico del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Collasuyu (Conamaq) y ex miembro del Fondo Indígena, lamentó que la Contraloría intente apartar del caso a la ministra Achacollo. “Es ella quien dirige las reuniones, propone la agenda, las fechas y hora de las reuniones. Es absurdo que se diga que nada tiene que ver. Tiene que ver con el mal manejo de los recursos. Debe ser parte de la investigación”, dijo.

Defensa
Nemesia Achacollo aclaró que hay un directorio del Fondo constituido por 8 organizaciones nacionales como la CSUTCB, Conamaq, Cidob y interculturales, todos ellos con dos representantes. Además de representantes guaraníes, de las Bartolinas, la de los indígenas de Santa Cruz y moxeños de Beni. “Dirigimos pero no definimos. Define el directorio. Los proyectos son aprobados por sus organizaciones departamentales, las nacionales dan el visto bueno y pasa al director ejecutivo del Fondo Indígena”, se defendió la ministra que aseguró que se sumará a la demanda de la Contraloría, contra los presuntos autores.