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Santa Cruz, el departamento con la economía más dinámica del país, donde se suspendió la licencia de conducir de más de cinco conductores ebrios al día en los primeros dos meses de este año y donde se han registrado unos 10 decesos provocados por borrachos, solo cuenta con seis alcoholímetros para verificar si un chofer está bajo influencia de bebidas alcohólicas.

Dos de estos equipos están en el Organismo Operativo de Tránsito central. Su adquisición data de hace más de 15 años, por lo que ya fueron reparados y son los únicos de referencia en la región.
Los otros cuatro están en poder de la Policía Caminera, unidad que necesita tres más para cubrir con efectividad los controles de alcoholemia que realiza en los siete retenes a su cargo.

En este departamento, que aporta más de una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) del país, hay policías que pagan por la confección de sus uniformes y compran sus armas, municiones y hasta sus pitos.

También deben adquirir los aparatos necesarios para realizar su trabajo con más efectividad, como pasa con los alcoholímetros de la comisaría de la terminal Bimodal, donde los tres que hay allí fueron adquiridos por los mismos uniformados hace más de dos años y aún no han sido renovados, pese a que el tiempo de su vida útil no debería superar los 365 días.

Bajo estas condiciones trabajan los policías en Santa Cruz, un departamento donde viven cerca de tres millones de habitantes y donde las unidades policiales deben extender la mano para que las instituciones amigas colaboren a suplir la ausencia del Estado en sus diferentes niveles.

Práctica equivocada
En el departamento cruceño, donde hay cientos de cámaras de vigilancia en las calles y funciona el único equipo de patrullaje aéreo del país, los policías de Tránsito, ante las carencias de equipos e instrumentos para hacer su trabajo, deben realizar una práctica ilegal e insalubre para descubrir a los ebrios.

“Puede soplar, por favor”, dicen los agentes a un conductor sospechoso de estar ebrio, para percibir el aliento alcohólico que deja una noche de copas.

Esta acción, que ya es una práctica habitual de los agentes, no tiene valor legal alguno y tampoco debe ser una obligación para el conductor, ya que no hay norma que lo autorice.

“Esta forma de control no es correcta, se debería trabajar científicamente”, señaló el coronel en servicio pasivo Humberto Gutiérrez, que dirigió Tránsito entre 2005 y 2006.

Gutiérrez, que ahora forma parte de la Guardia Municipal, reconoció la falta de equipamiento indispensable en unidades operativas como Tránsito y observó que esta situación es “uno de los talones de Aquiles en la institución”.

Pero además de que el soplido para descubrir a los ebrios es una práctica irregular, también puede ser un foco de transmisión de enfermedades.

El médico salubrista Roberto Tórrez precisó que si una persona enferma tose o sopla a menos de un metro de distancia de otra, se puede transmitir enfermedades como la influenza, la tuberculosis, el sarampión, la varicela y los resfríos. “Deberían usar barbijos”, apuntó Tórrez.

Módulos y provincias, cero
En una oficina pequeña, donde la luz del sol apenas brilla por las ventanas tapadas con tela verde olivo, un policía de bajo rango muestra un pequeño aparato que compró de segunda mano en Bs 100. El objeto en cuestión es un alcoholímetro, aunque más parece un llavero, por su tamaño y su forma.

El agente, un tanto malhumorado, dice sin inconvenientes que todo lo que utiliza para trabajar se lo compró él. Luego apunta con su mano derecha a un casco para manejar motocicleta y asevera: “Hasta eso nos compramos nosotros, aquí nadie nos regala nada”.

Este uniformado trabaja en uno de los módulos policiales desconcentrados y como él indicó, en estos lugares no hay alcoholímetros dotados por el Estado. “Ni para papel tenemos, menos vamos a tener para este tipo de equipos”, concluye.

Lo comentado por el efectivo, que pidió no ser identificado, fue confirmado por William Montes, jefe policial de Tránsito en la comisaría del Plan Tres Mil. Lo mismo sucede en la unidad policial de la Villa Primero de Mayo, otra de las zonas más pobladas, donde los controles se hacen con equipos comprados por los mismos uniformados o arriesgándose a terminar contagiados por alguna enfermedad.

Finalmente, el coronel René Ferrufino, ahora director de la Policía en Cotoca, se encargó de confirmar otra realidad que muestra la ausencia del Estado en torno a la necesidad de contar con más equipos indispensable para su trabajo. “Pedimos que nos doten de alcoholímetros. Por ahora, cuando atendemos estos casos, los derivamos a Santa Cruz y esto impide una mayor efectividad en nuestra labor”, señaló Ferrufino y agregó que esta misma realidad se vive en municipios como San Julián y Camiri, donde él trabajó.

Promesa oficial
El comandante nacional de la Policía, general Luis Enrique Cerruto Miranda, en un contacto telefónico con EL?DEBER, reconoció que puede existir este tipo de problemas al interior de su institución, pero indicó que se está trabajando en un reforma estructural importante.

El general Cerruto señaló que verificará la realidad de los alcoholímetros en Santa Cruz y que, si es necesario, se reformulará el presupuesto para dotar lo necesario a los policías, y aseguró que la preocupación del Gobierno es el fortalecimiento policial de Santa Cruz y de toda la zona oriental del país