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“El narcotráfico, en su estrategia de expansión e impunidad, penetra incluso estructuras estatales y fuerzas del orden, comprando conciencias. La corrupción ha minado la credibilidad de autoridades de diversa jerarquía encargadas de la lucha contra el narcotráfico, tanto en el presente como en el pasado”, dice, en su punto más álgido, la Carta Pastoral que la Conferencia Episcopal Boliviana hizo pública ayer.

El documento, de 48 páginas, lleva por título Hoy pongo ante ti la vida o la muerte y aborda la temática sobre la drogadicción y el narcotráfico. En él describe a Bolivia no solo como un productor de materia prima, sino como fabricante, país de tránsito y consumidor de la cocaína.

Consultado al respecto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, calificó el documento como “plagado de errores” y anunció que invitará de forma respetuosa a los representantes de la Iglesia para exponerles los datos del Gobierno y para que la curia nacional exponga ante el Gobierno sus pruebas de la penetración del narcotráfico en la estructura estatal.

Un tema recurrente
No es la primera vez que la Iglesia católica expresa su preocupación sobre el narcotráfico en Bolivia. El mismo documento recuerda que la primera carta pastoral sobre el flagelo de la droga se dio en 1982, justo después del fin del Gobierno de Luis García Meza.

El tema volvió en 1984, estuvo presente durante todos los 90, sobre todo en el conflicto entre los gobiernos de turno y los productores de hoja de coca y ya ha formado parte de los documentos de la Iglesia durante el decenio de Evo Morales. En efecto, una rápida revisión a los documentos emitidos por la curia muestra que el narcotráfico fue mencionado, pero nunca antes se había dedicado todo el documento.

En el documento de ayer, la Iglesia no solo ve las estructuras de poder penetradas (mencionan los casos de los comandantes policiales René Sanabria y Óscar Nina), sino que la actividad ilícita se potencia ante una justicia corrupta y mal vigilada, una economía revitalizada con dinero proveniente de esta actividad que contribuye al crecimiento económico, pero anula el desarrollo.

Romero, en respuesta, asegura que Bolivia tiene logros concretos en la lucha contra el narcotráfico, como la reducción de los cocales en un promedio de 3.000 hectáreas por año y un sistema de certificación avalado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. También criticó lo que considera gruesos errores de la carta, como la afirmación de que el estudio de mercado legal de la coca no se ha dado a conocer, cuando fue difundido en 2013.

“Hay afirmaciones temerarias. Lo que uno afirma en la vida tiene que sostenerlo y demostrarlo. De manera respetuosa, humilde, les vamos a mandar una comunicación, que nos traigan sus respaldos y nosotros vamos a mostrar nuestros respaldos”, aseguró.

Edwin Bazán, vocero del arzobispado cruceño, cree que el ministro Romero trata de desviar la atención de la temática central fijándose si un dato es correcto o es errado. Asegura que la carta apostólica se elaboró sobre la base de los testimonios de párrocos y catequistas que a diario tienen que lidiar con estos problemas. “El ministro se equivoca si la crítica se asume como una crítica al Estado. La Iglesia trata de movilizar las conciencias en un tema en el que todos estábamos cómodos y que, probablemente, el Gobierno con sus tareas de interdicción”, expresó.

En el campo político
Ximena Costa, diputada de Unidad Demócrata, coincide con Bazán. La también politóloga cree que Romero y el Gobierno tratan de cerrar los ojos para no ver que Bolivia es un país productor, consumidor y de tránsito de drogas. “Acusando a la Iglesia, el problema no se va a resolver”, afirmó.

Adriana Salvatierra, senadora oficialista, no opina lo mismo. Le llama la atención afirmaciones del documento, como que a los bolivianos se los discrimina por provenir de un país productor y consumidor de cocaína o que es uno de los eslabones del narcotráfico. “Son afirmaciones que requieren que presenten pruebas”, dijo.

Costa, por su parte, cree fundamental el rol orientador de la Iglesia sobre la temática del narcotráfico. Cree que es necesario debatir sobre cómo hoy se produce más cocaína con menos coca, sobre cómo la mafia ha penetrado estructuras policiales (Sanabria y Nina) o sobre los supuestos nexos de un ministro de Estado con narcos condenados, como Mauro Vázquez o Maximiliano Dorado.

Salvatierra no ve orientación en la Iglesia, sí un rol político. Recuerda la entrevista del presidente de la CEB publicada el domingo pasado en EL?DEBER. El arzobispo Ricardo Centellas aseguró que Bolivia no podía desperdiciar la oportunidad abierta en el referendo del 21-F y que había tres o cuatro años para trabajar. Salvatierra cree que uno de esos trabajos es generar corriente de opinión sobre diversos temas y uno de ellos es el narcotráfico