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Resulta cada vez más evidente cuán insuficientes son los organismos multilaterales como la OEA para prevenir el surgimiento de regímenes autoritarios o deponerlos cuando estos ya están instaurados. Estas instituciones fallan a menudo en defender principios básicos de todo sistema democrático como la alternancia en el poder, la separación e independencia de poderes del Estado y el respeto al derecho de las minorías. Estos valores elementales están contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual dice explícitamente: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público”, por lo que ningún gobernante puede ejercer legítimamente dicha función cuando lo hace violando la voluntad de la mayoría”. 

Estas entidades justifican su inacción alegando el respeto a los principios de soberanía, no intervención e igualdad entre los Estados, y, efectivamente, en su defensa resulta innegable que carecen de instrumentos efectivos para ejercer sanciones concretas y escalonadas contra los gobiernos de sus estados miembros. Más allá de ejercer presión diplomática, no pueden establecer sanciones económicas ni mucho menos intervenir militarmente. Al mismo tiempo, existen quienes afirman que son los mismos pueblos los llamados a deshacerse de sus opresores, desconociendo cuán difícil, cuando no imposible, resulta derrocar a un dictador por más grande que sea la presión popular que enfrente. Regímenes como el de Kim Jong-Un, en Corea del Norte; los hermanos Castro, en Cuba; Chávez y Maduro, en Venezuela; Ortega, en Nicaragua, y un sinnúmero de tiranos en África y Oriente Medios demuestran que, sin importar cuán impopulares sean entre su gente, consiguen permanecer en el poder por mucho tiempo sometiendo al pueblo a través de la fuerza pública. 

Considerando la teoría que afirma que los órganos que no se usan se atrofian, hasta eventualmente perderse, si estas organizaciones continúan con su impotencia frente a líderes autoritarios y no adquieren herramientas de presión reales en contra de aquellos gobiernos que vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos, corren el riesgo de desaparecer o terminar siendo soberanamente irrelevantes.