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La teoría metafórica del Juez Hércules fue impulsada en la filosofía del Derecho por Ronald Dworking, denotando la figura de un juzgador ideal y sabio, conocedor del derecho pasado y presente, capaz de basarse en todas las fuentes para construir una argumentación jurídica que justifique la justa decisión de cada caso, teniendo así un empoderamiento donde ‘todo lo puede’, con tal de otorgar seguridad jurídica a las partes. 

La CPE del 2009 adopta esta teoría sobre la base de la pluralidad jurídica y el principio de aplicación directa de la norma constitucional, que engloba principios, derechos y garantías como máxima para lograr la justicia material. Esta compleja forma de interpretación jurídica, requiere la utilización de la teoría de ponderación de derechos e inclusive principios, así como la del estándar más alto, a la luz del test de igualdad, sustentando su decisión en la razonabilidad y el sentido común, para dejar atrás la simple teoría de la subsunción del Estado legalista donde el juez se limitaba a aplicar la ley, muchas veces injusta. 

No obstante, persistía la interrogante de si ese juez Hércules boliviano estaría a la altura de tan exigente misión, que precisa altos índices de sabiduría, conocimiento y honestidad. Tal preocupación se vio respondida con la sentencia constitucional 0084/2017, donde se tergiversaron todas las teorías y principios para fundamentar su decisión, haciendo total abstracción de la nueva argumentación dialógica y concluyendo en favor del bien menor de unos pocos, por sobre el bien mayor del soberano que ya se había manifestado en 2 referéndums a favor del principio de pluralidad política, con la alternabilidad y fiscalización como límites al poder. Las críticas de juristas como Juan A. García y Luigi Ferrajoli sobre que la excesiva libertad del juez en la ponderación iba a generar ‘inseguridad jurídica’ y que los principios son el ámbito de lo ‘indecidible’, parecen haberse hecho realidad, al dejarse sin efecto normas de la CPE, trastornando los límites del poder público constituido. 

El empoderamiento que otorgó el nuevo sistema constitucional a los magistrados, fue prácticamente traicionado, prostituido y ultrajado hasta los cimientos, dejando el más nefasto y vergonzoso precedente, al conceder un derecho político ilimitado contrario a la CPE sin justificación jurídica y social necesaria para reforma constitucional, que es lo que se ha efectuado. 
No importa ya argumentar las vulneraciones axiomáticas y deontológicas, quedando la obligación de puntualizar el estado situacional que dejó este acto: 
1. Se quebró el principio constitucional donde regía el imperio de la CPE, transversalizado por el principio democrático de soberanía. 2. Se ha impuesto la inseguridad jurídica, dejando de creer en la norma positiva. 3. El TCP ha cometido un acto antijurídico, inconstitucional e ilegítimo. 
Ante tal situación, se puede concluir que “de la injusticia de las normas positivas del Estado legalista, se ha pasado a la injusticia valorativa de los jueces”, demostrando que este sistema judicial no está preparado, ni a la altura de la nobleza que requiere ser un juez justo.