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La Defensoría del Pueblo denunció que la fiscal de materia de Tupiza Victoria Fuertes ejerce persecución, amedrentamiento e intimidación contra su representante departamental en Potosí, Jackeline Alarcón, de quién se ordenó su aprehensión. 

“La pretensión de procesar, perseguir o enjuiciar a las o los representantes de la institución como efecto del cumplimiento de sus deberes, implica un grave peligro para la propia institucionalidad democrática ya que de permitirse, dejaría en total indefensión a quienes investigan y denuncian hechos de vulneración de derechos", manifestó Rolando Villena. 

La representante inició, hace cinco meses, una investigación por denuncias de acoso laboral en el Ministerio Público de Potosí, trabajo que derivó en que la Defensoría del Pueblo emitiera una resolución que recomendaba al Fiscal General iniciar investigaciones y procesos disciplinarios en contra de la fiscal Fuertes y otros servidores públicos involucrados.

Dentro del trabajo realizado por Alarcón se evidenciaron maltratos, violencia sicológica y acoso laboral dentro de la Fiscalía potosina. Este caso llevó a la suspensión del Fiscal Departamental de ese distrito y al traslado de Fuertes a Tupiza.

Villena explicó que el representante del Ministerio Público, valiéndose de su cargo, utiliza una denuncia presentada por la concejala del Municipio de Vitichi, Leonarda Quispe, por acoso político en contra de terceros, en la que incluye a la representante defensorial y emite en su contra una imputación, "a todas luces ilegal" y luego un mandato de detención, alegando la supuesta comisión de delitos.