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La oposición lanzó esta mañana la convocatoria a una interpelación a la ministra de Salud, Ariana Campero, en la Cámara de Diputados, para que explique seis temas relacionados con el conflicto médico que ya lleva 27 días y sobre su trayectoria profesional.

El diputado de UD, Wilson Santamaría explicó que deberá responder, primero, cuál es la norma que respalda la clausura de farmacias en el país. “No existe respaldo legal alguno”.

Complementó también que detalle el presupuesto asignado para salud. “cuánto tiene el Ministerio, cuánto significa esto del Presupuesto General del Estado, queremos que responda qué se hizo en estos 27 días de conflicto para resolver el paro en salud: medidas, acciones, convocatorias, respuestas para poder sentarse a la mesa de negociación y resolver el paro con el sector salubrista”.

Anotó que a través del decreto 3139 del 5 de abril, el Gobierno dispuso la transferencia de 4.700 millones de bolivianos para construir hospitales en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Oruro.

De esos hospitales hoy no hay ni una piedra, a pesar de que el decreto incluso le favoreció al ministerio de Salud para que haga contratos llave en mano, sin licitación y se obvien los procesos. Eso debe explicarlo también”.

También la oposición quiere saber las competencias y atribuciones que se le otorgan a la creada Autoridad de Fiscalización y Control de la Seguridad Social. “No entendemos el sentido, sabiendo que existe el Inases, el Sedes e instituciones que cumplen ya labores de fiscalización dentro de los servicios y prestaciones de salud”, explicó Santamaría, quien finalmente detalló que en la interpelación se buscará conocer la formación académica de la ministra.

“No en base a especulaciones de las redes sociales, pero nos gustará que nos hable sobre años de experiencia al servicio de la salud en el país, los centros hospitalarios por lo que pasó, donde hizo su año de provincia como lo hace cualquier médico en el país para que los bolivianos sepan en manos de quién están las políticas saluybristas en Bolivia”.


Análisis
También desde una mirada opositora, esta mañana en la plaza Murillo, el abogado constitucionalista Williams Bascopé justificó por qué considera que el artículo 205 de la Ley del Código de Procedimiento Penal es inconstitucional.

“Hay una mala redacción, apunta a cualquier actividad profesional. No sólo a los médicos, sino abogados, arquitectos, carpinteros, albañiles. Esta laxa redacción causará daños terribles en los juicios, porque cualquier ciudadano podrá denunciar a otro de forma temeraria o por enemistad. Por ejemplo, el chofer que se choca por un accidente mecánico, o si se cae una infraestructura para un ingeniero”, dijo.

Otro aspecto mencionado fue la sanción de carácter económica y de inhabilitación, “cuando toda acción penal siempre trae resarcimiento civil. Con esta redacción se sancionará doblemente al infractor. El artículo 117 de la CPE señala que nadie puede ser sancionado doblemente por el mismo hecho”. Además, sobre la inhabilitación, “¿se hará sobre el cargo, la credencial, la licenciatura?, no es claro. ¿Dónde queda el derecho al trabajo?, creo que este tema apunta a disciplinar a la gente”.

Se refiere al concepto de “temeridad culposa” y comenta: “Por amor a Dios, se han pasado por encima 100 años de doctrina penal. La temeridad lleva el dolo, es decir, quería y sabía que iba a hacer daño. La culpa es sabía pero no quería hacer daño. Por eso el acto médico y la negligencia, se  sanciona porque no cumplió deberes de cuidado o experiencia. La temeridad le da otra dimensión y causará que en tribunales, fiscales y jueces tenga una amplia gama de posibilidades para calificar si es culposo, si es doloso y con lo corrupto del sistema penal y la redacción laxa, se puede usar políticamente. Cualquier ciudadano podrá ser denunciado por gente del Gobierno y el aparato judicial lo perseguirá”.