Opinión

Constitución en Bolivia, de freno a arma

Maggy Talavera Hace 12/3/2017 10:14:00 AM

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La Constitución boliviana acaba de dejar de ser freno para convertirse en arma, gracias a la Sentencia Constitucional Plurinacional 0084/2017 aprobada el pasado martes por seis miembros del TCP. Es una constatación asustadora, no solo porque deja en evidencia, una vez más, el sometimiento del TCP a la voluntad del Gobierno central, sino también y sobre todo porque consolida un precedente nefasto favorable a la consolidación de un proyecto de poder que apuesta a la expansión de la intervención, el control, el condicionamiento y el sometimiento de las mayorías por parte de una cúpula que se asume como superior.

El TCP ha desoído sus propias funciones, entre las cuales la principal es la de ser garante de la vigencia y cumplimiento de la Constitución. Ya no lo es más. Ha excedido sus tareas, ha violado límites y ha osado alterar su contenido, provocando una mezcla que amenaza explosionar a cualquier instante, en detrimento de la sociedad que ya no cuenta más con las garantías prometidas tras el pacto social logrado en la Constituyente, a costa de luto, confrontación e imposiciones corporativas. La Constitución ha pasado de ser Carta Magna a ser algo similar a cualquier ley congresal. Un bajón solo favorable al poder.

Algunos dirán que la Constitución nunca llegó a ser garantía real para las mayorías, ni fiel escudo de protección de los derechos individuales, y que por lo tanto no hay nada de qué sorprenderse, ni motivos para el susto o la preocupación. Una verdad a medias que oculta un dato de la realidad aún mayor: con todas sus limitaciones e imperfecciones, la CPE era la promesa de freno al poder del Gobierno de turno. Es decir, aún conservaba parte de la esencia que le da sentido a las constituciones en el mundo entero y que estuvo presente en la génesis de las mismas: quitarle poderes al poder, ser freno y no arma.

Con esa esencia nació la primera constitución del mundo en 1215, recuerda Fabián Corral en su columna de agosto de 2013 publicada en El Comercio, de Quito. El recordatorio fue a propósito del debate que se había instalado en Ecuador sobre otra posible reforma de su constitución. Es interesante recoger las reflexiones de Corral, muy similares a muchas otras hechas por diferentes personalidades en otras partes del mundo y que coinciden en que histórica y doctrinariamente, la idea nació como respuesta al absolutismo, para evitar la concentración y el monopolio del poder. Hoy, sin embargo, vamos en sentido contrario.

Es lo que está pasando en Bolivia, es lo que muestra el fallo del TCP, que admite sin rubor el recurso que presentó el MAS al TCP en septiembre, para que declare inconstitucional cuatro artículos de la Constitución, y anule otros artículos de la Ley Electoral. Con esa acción, el TCP rebaja a la CPE de verdad a falacia, y la convierte en lo que Corral dice no ser constitución: una herramienta de concentración de facultades, un conjunto de reglas que menoscaban derechos individuales, rebajan las garantías de debido proceso y colocan al poder y a sus fines sobre las personas. Es lo que acaba de suceder en Bolivia.

¿Estaremos conscientes los bolivianos del impacto de ese fallo constitucional en nuestras vidas? No se trata apenas de una medida que favorece los intereses de la cúpula del MAS. No se trata solo de quebrar una regla para permitirle a Morales Ayma que vuelva a lanzar su candidatura presidencial, prohibida por el texto original de la Constitución y rechazada por la voluntad popular de una mayoría expresada en el referéndum del 21 de febrero del año pasado. Se trata de un paso más, demoledor e irreversible, hacia la consolidación de un régimen dictatorial que ya no necesitará camuflarse tras el disfraz de demócrata. 

Si antes de este fallo constitucional el Gobierno central ya ejercía poder con prepotencia, ya imponía su voluntad sobre los otros poderes del Estado, ya castigaba ferozmente a los que le criticaban o se resistían a someterse a su capricho, ¿alguien duda de que a partir de ahora no tratará de redoblar todos esos excesos? Lo ocurrido en los últimos once años debería bastarnos para no tener más dudas de las verdaderas intenciones y del carácter antidemocrático de esta cúpula que nos gobierna. Nada detendrá su afán de perpetuarse en el poder. Y convenzámonos: no habrá contradicción política alguna que se resuelva en contra de ese poder, a no ser, claro, que ocurra el milagro del resurgimiento de “una alternativa política ilustrada que oriente y de una sociedad civil militante”.