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A casi 30 años de haber sido inaugurada como Centro de Rehabilitación Santa Cruz, la cárcel de Palmasola está muy lejos de alcanzar los objetivos propuestos por los gestores del proyecto que prometía resolver el grave problema que presentaba el único penal que funcionaba entonces en el segundo anillo y final de la calle Libertad de la capital cruceña. Nunca lo logró, por los mismos motivos que marcan hoy el fracaso del penal más poblado del país: ausencia de una política de Estado que encare al sistema penal como parte de un cuerpo mayor en el que el bienestar social y la justicia son piezas fundamentales.

Ninguno de los gobiernos que se han sucedido en el poder en las últimas décadas ha sido capaz de atender esa problemática con la sinceridad y la responsabilidad necesarias. Hoy espanta ver que sigue siendo así. Tras los últimos hechos de violencia, registrados el lunes pasado en la cárcel de Palmasola, las autoridades de turno repiten anuncios con recetas obsoletas, que saben más a demagogia que a una intención real de buscar las soluciones de fondo que urgen ser consideradas no solo en el caso de Palmasola, sino también en el del resto de las cárceles y carceletas que funcionan en el resto del país.

Ya están anunciando un nuevo proyecto para ‘modernizar’ la cárcel de Palmasola, en el que lo central serán obras de infraestructura, algo de tecnología y de manejo de personal. Desconfío de la eficacia de ese anuncio, por dos motivos centrales: porque ninguna obra ejecutada a lo largo de tres décadas ha respondido a las necesidades del penal y porque la principal tarea, que es la de modernizar la justicia, ha llegado al menos a la piedra fundamental. Palmasola ya nació mal en febrero de 1989. Recuerdo las graves falencias denunciadas tras su inauguración para albergar unos 700 presos, y otras vistas tras cada refacción, remodelación o ampliación. Muchas de esas fallas cobradas con vidas.

Hoy la cárcel de Palmasola contiene a alrededor de 5.700 internos, más del doble de los que podría recibir. Ninguna ‘modernización’ física dará solución urgente a los problemas de hacinamiento vistos en el penal. La primera gran medida a ser tomada debería ser otra y en otro plano: agilizar el trabajo de policías, fiscales y jueces para asegurar que se haga justicia como corresponde, liberando al penal de personas que no merecen estar allí. A la fecha, más del 80% de esos 5.700 presos no tienen sentencia, ¿cuántos de estos demostrarán finalmente que son culpables o inocentes? Varios no logran recuperar su libertad porque no tienen 50 o 100 bolivianos para pagar una fotocopia. No exagero.

Así que en vez de pensar en gastar millones de dólares en obras parche, hay que exhortar al Gobierno a que destine ese dinero para cubrir gastos básicos que aseguren la asistencia de los presos a sus audiencias; a subvencionar trámites de los internos que no tienen dinero; a trasladar a centros médicos a los que están enfermos; a dar a los policías asignados a la cárcel condiciones dignas y de seguridad para que cumplan su labor. Este último aspecto es central: los uniformados pesan menos que los presos en Palmasola. Las autoridades lo saben de sobra, ninguna de ellas puede hacerse la desentendida ante una realidad que es tan añeja como el propio penal: la Policía no tiene autoridad efectiva dentro de la cárcel.

El propio comandante departamental de la Policía de Santa Cruz ha dejado en evidencia esa realidad, al dar hace un par de días una declaración que debería preocupar a todos. Tratando de explicar por qué un grupo de presos del PC-4 invadió y destruyó el PC-6, dijo que fue porque los del pabellón PC-4 querían atacar en realidad a una decena de presos que estaban en el bote, una improvisada y minúscula celda ubicada fuera del perímetro de ambos pabellones, a los que calificó como “exmiembros de la pesada” que antes tenían el poder en el penal y que ahora “no tienen cabida en ningún régimen de Palmasola”.

El comandante dijo algo más, peor aún: “Desgraciadamente ellos buscaron esa forma de vida y ese es el trato que ahora reciben de los otros reclusos; por eso pasaban sus días en el bote”. Habría que preguntar por qué el propio jefe policial justifica un acto de violencia como el visto el lunes pasado en la cárcel, basado en informaciones que contradicen el testimonio dado a conocer luego por los presos del PC-6, en el que narran cómo huyeron despavoridos al comenzar primero los destrozos de su pabellón. Más que una pugna de poder entre presos, queda en evidencia una ausencia de Gobierno y Policía en la cárcel. Y esta ausencia, insisto, no se salva con obras parche.