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Llegó con esfuerzo y acompañado de su esposa y sus abogados al edificio de dos plantas de escaleras amplias y palmeras en la entrada. Pasaban las 8:00 y ya empezaba a hacer calor en Ft. Lauderdale, donde incluso en invierno, no baja de los 10ºC. 

A esa misma hora, en Chevy Chase, el barrio adinerado de Maryland donde vive desde que buscó asilo en Estados Unidos (EEUU), rondaban los 2ºC. El expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, llegó a la corte federal del sur de Florida.  

El 5 de marzo, mientras Bolivia estaba pendiente del primer día de un juicio que había tardado más de 10 años en concretarse, a 5.000 kilómetros de distancia, a Goni y el que fue su ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, solo les esperaban unos cuantos familiares de las víctimas, sus abogados y dos periodistas. 

Pero, lejos de responder por las más de 50 muertes de ‘Octubre Negro’, el sistema judicial estadounidense solo permite que se les juzgue de manera civil y por ocho ejecuciones extrajudiciales durante su mandato.

“Los cargos contra la violación de los derechos humanos que estaban en un principio ya no lo están”, dice a EL DEBER, Kathy Roberts, una abogada experta en derechos humanos. “Así que no hay manera de encontrarlos culpables de todo (lo que sucedió en octubre de 2003)”. 

Desde ese día y durante dos semanas, la sala 203E, una pequeña audiencia en el segundo piso de la corte a la que se accede tras pasar varias puertas, ha visto el mismo panorama: a la derecha los abogados de la defensa; a la izquierda los de los demandantes; en frente, y presidiendo la audiencia, el juez James I. Cohn, un hombre de 69 años, delgado de pelo blanco y siempre ataviado con la ceremonial sotana negra con la que se distinguen los jueces en Estados Unidos. Los días que Gonzalo Sánchez de Lozada y su esposa, Ximena Iturralde, han acudido a las audiencias se han acomodado en primera fila. 

En los bancos del público, del lado de los querellantes, los familiares de las víctimas, entre ellas varias mujeres de pollera con auriculares para poder escuchar la traducción simultánea. Siempre acompañado y en primera fila se sienta Eloy Rojas Mamani, padre de Marlene, la niña de 8 años que murió por una bala perdida durante las protestas de 2003 en Warisata. Su testimonio y el de su esposa Etelvina Ramos fueron los primeros que escuchó el jurado, en el segundo día de audiencias.

En la parte izquierda de la sala y en una posición en la que pueden mirar directamente al banquillo por donde han ido pasando acusados, víctimas y testigos a declarar, está el jurado compuesto por un latino, tres estadounidenses blancos y seis afroamericanos. Cada vez que entran en la sala, todos los presentes se levantan en señal de respeto. Esas diez personas tendrán la última palabra sobre la sentencia que se les dicte a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín.

Las dos versiones

Durante estas dos semanas, los abogados de las familias bolivianas han intentado pintar al expresidente y a su ministro de Defensa como insensibles y los cabecillas del uso de la fuerza por parte de los militares para sofocar las protestas que se desataron hace 15 años.
“Si bien ninguno de los acusados apretó el gatillo, son responsables", dijo Joseph Sorkin, el principal abogado de las víctimas en una de sus primeras declaraciones.  “Simplemente no puedes soltar al ejército en las calles para que dispare contra civiles”. 

Por el contrario, la defensa de las exautoridades ha tratado de señalar a los líderes de la protestas como los culpables y mostrar que ellos fueron los que incitaron la violencia, concretamente se han referido al actual presidente Evo Morales, entonces jefe del sindicato de cocaleros, y al dirigente aimara Felipe Quispe. 

“No hubo un plan (del gobierno de Sánchez de Lozada) para matar gente", dijo el segundo día del juicio la abogada de la Defensa Ana Reyes. “El gobierno hizo lo que tenía que hacer".
Este juicio también ha cambiado el exilio tranquilo buscado por Goni que ha llevado todos estos años un perfil bajo.

Compensación millonaria

Esta semana se prevé que los querellantes terminen de llamar a testigos y que la Defensa intente que se descarte todo el juicio o algunos de los cargos antes de llamar a sus testigos, dice Kathy Roberts, la directora de la Clínica Jurídica Internacional de La Haya. Este proceso puede durar otras dos semanas antes de que el jurado llegue a un veredicto. 

“Si el jurado encuentra que los acusados son responsables por una o las ocho muertes, ellos tendrán que determinar la indemnización”, señala la abogada que consiguió en un juicio similar una compensación de $us 28 millones para los familiares del chileno Víctor Jara. 

Más allá del monto económico, lo más importante, señala Roberts, es el reconocimiento que este proceso les da a las víctimas, el poder presentar su caso ante una corte para contar lo que pasó, y decir que el expresidente y su ministro son responsables de uno o varios crímenes.