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El segundo día de la reunión del gabinete de ministros del Gobierno de Evo Morales y los representantes de los sectores sociales en Villa Tunari estableció  la realización de auditorías cada tres meses en los ministerios como medida para combatir la corrupción, un flagelo que tiene sonados casos como el robo millonario al Banco Unión,  el desfalco al desaparecido Fondo Indígena y el caso Zapata.

“Para luchar contra la corrupción se establecerá un comité de lucha que estará a cargo de la realización de auditorías a los ministerios cada tres meses”, indicó Evo. 

Las denuncias de corrupción en el país tienen varios casos sonados como el denominado caso Zapata, el Fondo Indígena, las denuncias por compras directas en BTV, que comprometen millones de bolivianos del Estado.

Paralelamente a esas conclusiones, se adelantó que el Gobierno cerrará este año con un crecimiento económico del 4%, uno de los más altos de la región, y que la ejecución presupuestaria de proyectos superará el 70% de la inversión programada. Además, se lamentó que los bloqueos constantes en la frontera con Chile perjudicaron las exportaciones bolivianas, lo cual el presidente Evo interpretó como una maniobra de la oligarquía chilena. 

Otro aspecto que tocó en lo económico fue la sostenibilidad de las empresas públicas, las cuales también son cuestionadas por las voces de la oposición. El secretario de Gobierno de la Gobernación, Vladimir Peña, mencionó recientemente “fracasos millonarios” como Papelbol, Enatex, Epsas con una gestión deficiente del agua en La Paz y el ingenio de San Buenaventura. 

Oposición

Al respecto, el senador opositor por Unidad Demócrata, Óscar Ortiz, dijo que el anuncio de Morales para hacer auditorías cada tres meses para evitar corrupción es poco creíble porque, por ejemplo, en el desfalco al Fondo Indígena, que se destapó en 2016, hasta ahora no se hizo una auditoría para conocer la cantidad exacta del dinero que desapareció de esas arcas. 

Además, opinó que si la administración de Morales quiere combatir la corrupción debería empezar por cambiar las reglas de contrataciones y reponer los controles que se hacían antes para así evitar las compras directas y dejar de ejecutar proyectos que son aprobados por decisiones políticas, como la planta de San Buenaventura y la planta de urea, que se ejecutó sin los estudios técnicos.

Según Ortiz, se debe terminar con los interinatos de las entidades económicas del Estado y agilizar la designación en la Asamblea Plurinacional con los dos tercios de votos que tiene el oficialismo. El senador explicó que las entidades económicas realizan auditorías internas y posterior a ese estudio, hace otro auditaje la Contraloría General.

Debilidades ideológicas

El jefe de Estado hizo énfasis en el perfil ideológico que debe tener el gabinete de ministros y señaló que “hace falta ideologizar” a los técnicos, juristas, economistas y otros para encarar el 2018, que calificó como un año de lucha política. Para el mandatario por encima de lo técnico deben ser antiimperialistas y pidió a los juristas que no perjudiquen. “La mejor forma de ideologizar es hablar y coordinar. Dentro del movimiento campesino hay liderazgos porque se debaten constantemente las desigualdades”, destacó. 
Las declaraciones de Morales coinciden con lo expuesto por el diputado Javier Zabaleta (MAS), que afirmó que en las filas del partido existen ministros que han demostrado una debilidad ideológica que afecta la “performance” rumbo a la campaña por la reelección en 2019. 

A su turno, la ministra de Planificación, Mariana Prado, reconoció la preocupación que existe en las bases por la formación ideológica en algunos ministerios, a lo que aseguró que se trabajaría en fortalecer este aspecto, mientras que la viceministra de Comunicación, Carmen Miranda, afirmó que esta falencia se compensará con la interacción con las bases del MAS que se apuntó como prioridad durante las jornadas realizadas. 

Durante la reunión se expresó  la preocupación por las redes sociales que tienen las bases y su objetivo de amplificar su presencia en esta plataforma, una herramienta a la que atribuyen parte de la derrota del 21-F.