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Luego de años, el sector productivo exportará sin ninguna restricción. No es el mejor momento: los precios a escala global no son los ideales y por tercer año se registró un déficit comercial en el país. Estos datos negativos, que implican menos ingresos para Bolivia, hicieron reaccionar al Gobierno, que siempre fue reacio ante los reclamos del agro ahora dio su brazo torcer. Pero ¿Cuál es el panorama que se dibuja ante el cambio de las reglas de juegos?.

La respuesta de los empresarios es clara: más inversión. Desde el sector apuntan a cumplir con el desafío planteado al Gobierno en 2013. En ese año, en uno de los tantos encuentros realizados entre el sector público y privado, los empresarios apostaron con  invertir $us 13.000 millones hasta 2025 para producir 45 millones de toneladas de alimentos.

Para el gerente general de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Edilberto Osinaga, la cifra ofrecida por los empresarios privados en aquella época es posible de cumplir ahora que el panorama es más prometedor.

Haciendo un diagnóstico del sector, señaló que los últimos cuatros años fueron negativos incluso antes del anuncio hecho por el Gobierno de dar vía libre a la exportación de soya, azúcar, sorgo y del alcohol; la CAO proyectó un crecimiento 3,3% para 2018. 

Ahora, según Osinaga, “hay que dejar que la certidumbre se asiente y que comiencen a llegar las inversiones”. Aunque fue claro que no será de la noche a la mañana, sino a través de un proceso gradual y sostenido.

“La campaña de verano está a punto de cerrar;a partir de las próximas habrá un mayor crecimiento”, vaticinó Osinaga.

El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (BCE),  Gary Rodríguez, dijo que la nueva coyuntura permitirá al sector agrícola recuperarse de un año difícil. En 2017 el volumen de las exportaciones de origen agrícola cayeron en 600.000 toneladas, esto equivale a un poco más de $us 500 millones. Además, el déficit de la balanza comercial en el país llegó a $us 971 millones.

Para revertir los número rojos, Rodríguez planteó que el país necesita crecer unos $us 1.200 millones en sus exportaciones. Y es claro en afirmar que el único sector capaz de llegar a este número es el sector agrícola.

“Recuperando el volumen no exportado de soya llegaremos a esa cantidad. Eso significa crecer en $us 700 millones, en un año”, manifestó Rodríguez. 

Se da en un momento justo
Para el presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Jorge Akamine, el Gobierno rayó la cancha y aceptó las propuestas planteadas por los empresarios.

“La pelota está en la cancha de los empresarios. Esto mejorará la balanza comercial. En corto y mediano plazo se verán los efectos de la economía”, matizó.

Apuntó que la eliminación de los cupos llega en un momento en el que el Gobierno necesita divisas frescas, luego de tres años malos en comercio exterior. 

Citando cifras de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), afirmó que en ocho años de restricciones el país dejó de percibir cerca de $us 2.000 millones por exportaciones no realizadas. 

“Hablamos de $us 250 millones anuales que potencialmente se pueden  exportar. A eso hay que sumar la generación de empleo, que se estima es 260.000”, agregó el economista.

Para el economista el Gobierno por fin se dio cuenta de que apoyando las exportaciones mejorarán los indicadores económicos, e  incrementarán las Reservas Internacionales Netas (RIN), que están en $us 10.438 millones, según datos oficiales.

“Es una política acertada, hay que reconocerlo. Pero es innegable (que el Gobierno) esperó a que la coyuntura lo obligue”, reflexionó Akamine.    

Precio justo y más inversión
Pero la liberación de la exportaciones por sí sola no implica un mayor crecimiento si no se logra un precio justo para los granos y se concreta más inversión, afirma Marcelo Pantoja, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo).

El hombre de campo hace reflexión por los bajos montos que paga la industria. En este escenario, afirmó que se negociará mejor el precio de oportunidad de exportación, que es lo que se paga para llevar el grano a cualquier mercado de la región.

“Hoy el precio está entre $us 280 y $us 300 la tonelada. Hay que ver cuánto están dispuestos a pagar las industrias”, afirmó.

Hablando del futuro del sector, aseguró que a mediano plazo se invertirán cerca de $us 160 millones para habilitar dos millones de hectáreas. Con esto se podrá igualar a Paraguay: el cuarto mayor productor de soya del mundo.

El sector ganadero es otro de los beneficiados por la decisión estatal. José Luis Vaca, presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), informó que su sector, junto con los frigoríficos y todos los niveles estatales, realizará las gestiones para conseguir nuevos mercados. Explicó que hasta 2025 los ganaderos producirán un excedente de 50.000 toneladas de carne. 

A su vez, los azucareros prevén en 2018 incrementar hasta 15.000 hectáreas la superficie cultivada de caña, que actualmente llega a 137.000 hectáreas, afirmó Federico Martínez, gerente general de la Federación Departamental de Cañeros de Santa Cruz.

Los ingenios tienen un excedente de más de 2 millones de quintales de azúcar, fruto de una producción de 12 millones.
Negociación difícil.

Fuentes que participaron en la reunión entre el presidente Juan Evo Morales y los empresarios, en la que se determinó liberar las exportaciones de soya (que incluye sus derivados), azúcar, alcohol y sorgo, indicaron que las negociaciones fueron tensas.

En primera instancias los ministros de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, y el de De- sarrollo Productivo, Eugenio Rojas, querían mantener la política de control a la producción.

Luego el presidente Morales escuchó a los empresarios y en contracorriente al discurso de sus colaboradores dispuso la liberación plena de los productos.

El ministro de Gobierno ,Carlos Romero, aseguró que la medida fue política luego de que varias reuniones hechas con anterioridad nunca llegaron a buen puerto y menos a acuerdos.

Admitió que  hubo roces con los empresarios desde 2008, pero “ahora son otros tiempos” y que desde el Ejecutivo se allanó el camino para que los productores inviertan más en el país.

 

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Fernando Asturizaga
Analista agropecuario

“Hay que tomar el pacto con esperanza y prudencia”

En la Cumbre Sembrando Bolivia, el sector agropecuario solicitó al Gobierno cuatro puntos: seguridad jurídica para las tierras en producción, biotecnología, liberación de exportaciones y construcción de infraestructura productiva.

La esencia de los cuatro puntos se reduce a seguridad. Todos los ciudadanos la necesitamos para cumplir nuestras actividades, sin temer a que, por ejemplo, asalten nuestro negocio; de la misma forma para que el productor aporte a la soberanía alimentaria, requiere seguridad en la propiedad de la tierra que trabaja y acceso a mercados para vender su producción.

La restricción a las exportaciones ordenada en 2008, tuvo el fin evitar el alza de productos de la canasta familiar y evitar inflación, pero encerró un desincentivo a la producción de granos. El maíz, luego  tuvo una producción entre deficitaria o igual al consumo interno, cuando venía de una producción histórica y excedentaria.

La razón para que el Gobierno  suscriba el acta del 19 de diciembre radica en que se demostró no solo la existencia de excedentes en carne, azúcar, soya, pollo y otros productos, sino que hay potencial cercenado por las restricciones  que impide subir la producción de alimentos y la capacidad exportadora, para dejar la dependencia en hidrocarburos y minerales.

Los que nunca se arriesgaron en sembrar un metro cuadrado destrozarán este acuerdo, con discurso cargado de medioambiente, producción para la subsistencia y  desaparición de la empresa agropecuaria. El acuerdo hay que tomarlo con esperanza, pero con razonable prudencia porque sin normas que lo amparen todo puede quedar en buenas intenciones.