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Falta poco menos de dos años para las próximas elecciones generales. El oficialismo ya ha empezado a diseñar el tablero para acomodar sus estructuras políticas y enfrentar el proceso. El MAS baja la bandera electoral para construir un escenario favorable donde pueda reproducir el poder cómodamente en 2019. Para ello, todo vale. 

El fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que hace viable la repostulación del presidente Morales para un cuarto mandato, desconociendo la voluntad popular expresada en el referéndum del 21 de febrero de 2016, es sin lugar a dudas el inicio del trabajo político electoral del MAS para el 2019. Es que más allá de lo formal-legal que establece nuestro Estado de derecho, se ha forzado una interpretación apelando a la convencionalidad de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, favoreciendo la aplicación de esta por encima de lo que establece el artículo 168 de nuestra Constitución, con el fin de hacer viable la aspiración del presidente Morales de volver a ser candidato para las elecciones de 2019. 

La decisión es eminentemente política, responde a una clara estrategia de medir la fuerza del electorado masista que está dispuesto a apoyar las directrices partidarias, más allá de los excesos que el Gobierno pudiera cometer. Las elecciones judiciales del 3 de diciembre fueron precisamente un plebiscito para medir quiénes aprueban o quiénes rechazan al presidente Morales. La lectura es que, puntos más o menos, el MAS pudo confirmar la base de voto duro con el que cuenta (entre el 25% y el 30%) para arrancar la campaña de reelección de Morales.


El otro efecto político ha sido medir la reacción de la oposición en cuanto a capacidad de movilización. Más allá de la convocatoria que puedan desplegar los opositores, la estrategia es sacarlos a las calles porque ahí el MAS tiene posibilidad de tensionar el campo político y jugar más cómodo; le permite, además, retomar el discurso de la confrontación para rearticularse y cohesionar sus ‘movimientos sociales’, que son la base de su fuerza política. 

En este escenario, emergen movimientos ciudadanos que interpelan al Gobierno nacional exigiendo que se respete la CPE y los resultados del 21-F. Estos también han tomado las calles, respondiendo a la provocación del Gobierno. Son los ciudadanos que exigen  el respeto a sus derechos civiles y políticos; en su mayoría jóvenes, entre los 18 y 35 años, que a través de las redes lograron organizar plataformas sociales, vivas y virtuales para negarle a Morales su repostulación el 2019. Estos, por ahora, están activos, movilizados y dispuestos a dar la lucha política para que se respete el Estado de derecho. Sin embargo, también interpelan a la oposición para que asuma un rol más proactivo en esta lucha. Por otro lado, las fuerzas de oposición política (partidos u organizaciones ciudadanas) este 2018 tienen el desafío de encontrar la fórmula para articular esa ciudadanía, que necesita encontrar una alternativa donde canalizar su voto para el 2019. 

Y es que ninguna de las fuerzas políticas opositoras por sí sola está aún en condiciones de competirle de igual a igual al MAS; necesitan construir una base electoral que les permita, al menos, quitarle el control parlamentario absoluto que tiene el actual oficialismo. La tarea de la oposición para el 2018 no se presenta nada fácil, porque debe construir una propuesta discursiva y programática lo bastante seductora para captar al electorado cautivo; una estrategia política electoral con capacidad de definir el campo político de la contienda. Deben ser lo suficientemente inteligentes para no dejarse arrastrar al juego que les plantee el partido de Gobierno, porque en ese terreno quien puede recuperar espacio es el propio MAS.