Escucha esta nota aquí

La palabra es déficit. El sistema penitenciario de Bolivia, ese manojo de casuchas y rejas que encierra a más de 14.000 personas cuando solo tiene capacidad para 6.000, enfrenta una de las crisis más graves que ha tenido: Una humanitaria, pero también económica. Una donde la matanza de 35 presos de Palmasola o la de cuatro en El Abra son síntomas. Y el Estado sabe. Y la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia, con la visita del papa Francisco incluida, ha confirmado otras 100 veces.

Se sabe, por ejemplo, que la superpoblación carcelaria rebasa la capacidad con el 183%. Se resiste de hablar de hacinamiento por no redundar, pero la cosa solo empeora, pese al paliativo de los indultos presidenciales de los últimos años, como admite el Gobierno.

Sin caminar los húmedos pasillos de conventillo de San Pedro o por esa barriada pobre del PC4 de Palmasola, cualquiera comprende que si los 14.481 reos registrados por el Gobierno en septiembre de 2014 pudiesen repartirse por igual los Bs 53,5 millones del presupuesto de Régimen Penitenciario, cada interno recibiría Bs 308 por mes, poco más de Bs 10 al día; cantidad menor a los dos dólares diarios que fija el Banco Mundial como indicador de pobreza, de acuerdo con los ingresos.

Y si, por saber, se revisa el registro de 2013 del Ministerio de Economía y Finanzas en internet, se descubrirá que la administración penitenciaria recibió un 20% menos ese año. Es decir, en el mismo año en que los hacinados del Centro de Rehabilitación Santa Cruz, conocido como ‘la universidad’, decidieron matarse como bestias.

Según el ministro Carlos Romero, este año el Gobierno destina Bs 20 por día por cada recluso y las gobernaciones darán un prediario de Bs 8. Es decir, en 2015 el Estado prevé gastar casi Bs 146 millones en el sistema carcelario, tres veces más de lo que aparece presupuestado para Régimen Penitenciario en 2014.

Aun así, el sistema boliviano no se acerca a los $us 49,6 millones (unos Bs 345,7 millones) que destinó Paraguay para poco más de 9.000 presos, según su Presupuesto General 2015. Mucho más lejos de la realidad del sistema penal de Chile, donde las cárceles públicas reciben alrededor de $us 550 mensual por reo y las de máxima seguridad, concesionadas a empresas privadas, gastan al mes hasta $us 1.000 por cada recluso, de acuerdo con reportes del diario La Tercera.

Apagando incendios
Sí, el incendio de la carpintería de la mayor cárcel del país, donde hubo siete heridos y uno desapareció como fantasma, nos recuerda que las cárceles son tan seguras como una tonelada de dinamita. Es cierto, la huelga suspendida de cientos de reclusos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz que exigieron subir el monto prediario de alimentación de Bs 6,60 a Bs 15 también es el síntoma de una crisis que, tras la rejas, se revuelve con violencia, droga y extorsión.

Si bien las gobernaciones, que desde la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, en 2012, se hacen cargo de los gastos de comida y equipamiento, aceptaron subir el prediario a Bs 8, nadie garantiza que otra ‘chispa’ no haga estallar los penales, sea en Mocoví (Trinidad), Villa Busch (Cobija) o en Cantumarca (Potosí).

Déficit. Esa es la palabra clave. Bajo presupuesto con relación a los vecinos, combinado por una irregular masa de detenidos preventivos. El diagnóstico es una obviedad, tanto que Romero dice que nadie va a hacer ningún descubrimiento en esta materia. Todo se sabe. ¿Por qué no se resuelve de una vez, entonces? Recursos, responde rápido el ministro.
“Hay un sistema vicioso de mandar a prisión preventiva a la mayoría y eso fomenta la corrupción”, sostiene el secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña. “No puede ser que todo se penalice”, opina Romero.

Hace rato que está claro que el problema es la administración de los detenidos ‘preventivos’. O sea, aquellos reclusos que el sistema encierra mientras tanto. Mientras investiga. Mientras pasan tres o cinco años como si nada. “Mientras siempre”, dice un interno.

La noticia golpea al saber cuánto empeoró el cuadro: de los 14.481 internos registrados en septiembre de 2014 por el Ministerio Gobierno, 11.867 no tienen condena. Eso es el 82% de la población carcelaria del país, ocho puntos porcentuales más que en 2007. Es decir, es la regla que se aplica, que alguien estimula, que alguien favorece, en las penitenciarías y que convierte a los presos con sentencia (18%) en una rareza.

En 2007 los reclusos preventivos, si bien eran la mayoría, solo llegaban al 74%, como se puede ver en el libro Bolivia, realidad penitenciaria, de la Pastoral Penitenciaria.

O sea, en siete años el porcentaje de detenidos sin proceso acabado se disparó y nos convirtieron en los ‘campeones’ de América Latina, superando a Paraguay, que tiene el mismo problema con el 72% de su población carcelaria, o a Haití, con el 70%, según un estudio de la Fundación Construir, y la ONG The International Centre for Prison Studies.

Leonardo da Silva es sacerdote y conoce los nueve círculos de este infierno. Es coordinador de la Pastoral Penitenciaria de Bolivia y se encargó de la recopilación del material que se entregó a Jorge Bergoglio antes de que se interne con los marginados del PC 4.

Él sabe lo que pasa allá adentro. Y como sabe, hace una observación. Si el 82% de los detenidos del Régimen Penitenciario son preventivos, por mora judicial, por fallas administrativas carcelarias, por lo que quiera que fuese, esa carga se traslada proporcionalmente al presupuesto nacional asignado. Y eso le sale demasiado caro al Estado, aunque por otra parte apenas garantiza una sobrevivencia de pobre para el reo.

“Con seis bolivianos no daba ni para el desayuno”, explica un preso de Palmasola, que recuerda que adentro hay que pagar por todo, para comer, para vivir, por visitas, por alcohol, por sexo, para tenerlo, para que no te obliguen a tenerlo, a una corruptela de ciertos malos policías coludidos con un grupo de poder de internos