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A finales del año pasado, cuando el juicio por supuesto terrorismo pasaba por una etapa en la que sumaban las acusaciones de que el proceso fue armado por el Gobierno y que en el hotel Las Américas hubo asesinato, los parlamentarios oficialistas en la Asamblea Legislativa Plurinacional diseñaron y sancionaron una norma que terminó por convertirse en un ‘tubo de oxígeno’ para este caso.

La norma reafirmó las bases de su acusación y abrió la puerta para investigar al exgobernador Rubén Costas, líder opositor a la gestión del MAS.

La ley 586, promulgada el 30 de octubre de 2014 por el vicepresidente Álvaro García Linera (en su calidad de presidente interino), modificó las reglas de los juicios orales y de las etapas preparatorias, dando la posibilidad, cerrada hasta antes de esa fecha, para que cualquier acusado pueda negociar su condena sin importar el avance del juicio.
Fue así que a los pocos días de haberse dictado la norma algunos de los implicados en el proceso por terrorismo comenzaron a buscar una negociación con la Fiscalía para aceptar su culpa y salir de la cárcel, donde en promedio estaban más de cinco años.

El objeto jurídico de la disposición política era agilizar la tramitación de las causas penales, para descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia, aspectos que todavía se esperan lograr, ya que más del 70% de los detenidos en las cárceles del país siguen siendo preventivos.

Kudelka fue el primero
“El proceso abreviado es una salida alternativa al juicio, que hasta el 30 de octubre de 2014 solo estaba aplicada para los casos en etapa de investigación previa. Con la ley 586 se amplía la etapa procesal para hacerla durante el mismo juicio y hasta antes de dictarse sentencia. Una de las razones fundamentales de la Fiscalía para que los cuatro sujetos procesales se acojan, fue la ampliación normativa... Entonces, jurídicamente se abrió una puerta para ellos”, apuntó Marco Antonio Rodríguez.

El miembro de la comisión de fiscales que lleva adelante el caso, al referirse a las condenas que se lograron con Ignacio Villa Vargas, Juan Kudelka, Mario Tadic y Elöd Tóásó, quienes aceptaron haber participado de un grupo irregular que cometió actos de terrorismo y se preparaba para un alzamiento armado con fines separtistas.

Según Rodríguez, Kudelka fue el primero de los sentenciados en buscar un acuerdo y así salir del penal de San Pedro.
En principio el exhombre de confianza de Branko Marinkovic (declarado prófugo en este juicio) le propuso a sus acusadores una salida alternativa al proceso, en la que no reconocía culpa y pedía dejar el reclusorio por motivos de salud. La propuesta fue rechazada.
Sin embargo, poco tiempo después se acordó el procedimiento abreviado, mientras que casi al mismo tiempo Villa Vargas también negociaba con la Fiscalía.

Las negociaciones para ambos dejaron un saldo a favor de los acusadores, ya que con la sentencia de ‘El Viejo’ reafirmaron la teoría de que en Santa Cruz se ejecutaron acciones con fines terroristas y con la aceptación de culpabilidad de Kudelka, que hubo gente financiadora del presunto grupo irregular.

“Prácticamente se ha demostrado con esto (los procesos abreviados) que sí existió terrorismo y que sí existió alzamiento armado”, aseveró el fiscal Sergio Céspedes, autoridad judicial que está en el caso desde sus inicios y que espera que los otros detenidos vean la oportunidad de acabar con el caso a través de la ley 586, como lo hicieron ya cuatro implicados.

El golpe político
El ánimo en el salón de audiencias del tercer piso del Palacio de Justicia cruceño, donde se lleva adelante el caso, parece seguir siendo el mismo. Casi todos aseguran haber sido alertados de las negociaciones de sus excompañeros de juicio, pero creen que era una situación que no podría haber sido frenada por nadie, ya que reconocen que estar preso por más de cinco años ‘ablanda’ a cualquiera.
“Ellos estaban en tratativas tiempo atrás, eso ya se sabía, pero fue una decisión personal de ellos. Lo que yo quiero es que los dejen tranquilos, ya los han sentenciado, ya han cumplido su condena”, señaló Gerardo Prado, abogado de Tadic y de Tóásó, que ‘lucha’ con la burocracia judicial para conseguir la libertad de sus clientes.
A decir de Prado, él solo asesoró a los implicados en la justificación jurídica de su determinación y pidió preguntarles a ellos, que antes eran ávidos de contactarse con los medios para hacer escuchar su ‘verdad’, qué los motivó a implicar directamente en el caso a Rubén Costas, candidato a la reelección para la Gobernación.
Lo afirmado por Tadic y Tóásó, que aceptaron ser parte de un grupo que gestaba un alzamiento armado contra el Gobierno, ha dado pie para que los fiscales analicen la posibilidad de convocar a Costas para una declaración y ver si existen indicios suficientes para incluirlo en el caso denominado terrorismo II, donde otros dirigentes regionales forman parte de los acusados.
Finalmente, ayer el exfiscal Marcelo Soza, en una entrevista a EL?DEBER, dijo que hay pruebas abundantes de la relación entre Costas y Rózsa. Frente a estas afirmaciones el vocero del exgobernador cruceño, Vladimir Peña, dijo que el candidato no le responderá a un delincuente y que nunca creyeron en nada de lo que afirma desde Brasil