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Los familiares de los directivos del club deportivo Chapecoense, que murieron en el accidente del vuelo 2933 de LaMia el 28 de noviembre de 2016 cuando llegaban a Colombia, presentaron una demanda judicial en contra de la aerolínea en la que viajaban, de la aseguradora Bisa Seguros & Reaseguros y de dos entidades del Gobierno, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana). 

El comunicado en el que se hace referencia a la demanda, indica que el club el 29 de noviembre de 2017 presentó a la 4ª Corte de lo Civil del municipio brasileño de Chapecó, donde es la sede del equipo de fútbol, una demanda para que se pague la indemnización a las familias de las víctimas de la tragedia donde murieron 71 de las 77 personas que viajaban.  

El documento firmado por el directorio finaliza indicando que otros detalles se harán públicos el 1 de diciembre, luego de una reunión que debe sostener el Consejo Gestor de la Asociación Chapecoense de Fútbol (ACF).

Extraoficialmente EL DEBER se enteró a través de un jurista, que el monto de esta demanda económica alcanza los $us 500 millones, cifra que podría duplicarse si es que las otras familias que perdieron a sus seres queridos en el accidente deciden sumarse a la demanda u optan por presentar otra.

Josmeyr Oliveira, abogado de la Asociación de Víctimas de Chapecoense, en principio aclaró que la solicitud judicial de pago no es de todos los familiares y que la organización que él preside no es parte de ese pedido.

“Es una acción que pretende la reparación del daño de las familias demandantes”, apuntó el jurista brasileño, que en los siguientes días se reunirá con los abogados de la ACF para conocer en detalle, los fundamentos con los que se presentó la demanda.
EL DEBER también conoció de forma extraoficial, que uno de los fundamentos de la demanda entregada a la justicia brasileña, es que no se enviaron documentos que respalden una investigación seria sobre lo ocurrido. 

Actualmente las investigaciones por los delitos penales, acción que se indaga y procesa en Santa Cruz, consiguió una ampliación de seis meses más para concluir con la etapa preparatoria antes de ir a un juicio oral con cuatro procesados, dos con detención domiciliaria (Gustavo Vargas y Joons Teodovich), y dos declarados prófugos (Celia Castedo, refugiada en Brasil, y Marco Antonio Rocha).

Lo que dicen los demandados “BISA Seguros y Reaseguros S.A. no tiene conocimiento oficial sobre ninguna demanda en relación al caso LaMia y, hasta la fecha, no ha recibido notificación alguna en su domicilio legal en Bolivia”, fue la respuesta de la aseguradora a este diario. 

Asimismo, al estar entre las instituciones demandadas la DGAC y Aasana, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, señaló a EL DEBER que aún no tienen un conocimiento oficial sobre la demanda del club Chapecoense y que cuando se la comuniquen formalmente, verán las acciones legales que tomarán. Sin embargo, afirmó que deberán revisar los argumentos que tienen los demandantes puesto que su ministerio está a la espera del informe de las investigaciones que se realizan en Colombia. Asimismo, consideró que el asunto de las indemnizaciones es entre privados y por lo tanto no conciernen a las instituciones públicas que están bajo su mando.