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El propio expresidente de Colombia y actual senador Álvaro Uribe anunció que será escuchado la semana próxima por la más alta instancia judicial del país en el marco de la investigación preliminar a los miembros del Congreso sobre las actividades del hacker Andrés Sepúlveda, acusado de espiar a los negociadores en los diálogos de paz con la guerrilla FARC.

"He solicitado a la Corte Suprema de Justicia que mi versión libre, el martes, sea ante todos los magistrados de la Sala Penal", dijo en Twitter el senador del derechista Centro Democrático, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010.

El exmandatario, el más férreo opositor de las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) que lidera su sucesor, Juan Manuel Santos, desde noviembre de 2012, pidió a la Corte Suprema que le permitiera pronunciarse sobre las afirmaciones de Sepúlveda.

El experto informático declaró haber sido contratado por la campaña del candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, perdedor ante Santos en las elecciones del año pasado, para sabotear las pláticas de paz.

El expresidente explicará si estaba o no al tanto de las actividades ilícitas de Sepúlveda y, aunque solicitó ser escuchado por la Sala Penal, sólo lo recibirá el magistrado José Luis Barceló, a cargo de esa investigación.

Sepúlveda actúa de testigo

Preso desde junio pasado, acusado de seguimiento ilegal de los negociadores del gobierno y de las FARC, Sepúlveda llegó hace poco a un preacuerdo con la Fiscalía por el cual se compromete a servir de testigo en la pesquisa por supuesto espionaje, a cambio de reducir su tiempo en prisión a 10 años y de pagar una multa de unos 32.000 dólares.

El hacker ya aceptó "ser responsable de los delitos de espionaje, concierto para delinquir agravado, acceso abusivo en sistema informático agravado, uso de software malicioso agravado y violación de datos personales agravado", según el pacto suscrito con la Fiscalía.

Sepúlveda ya fue escuchado por la Corte Suprema por este caso pero no se descarta que vuelva a ser citado, dijo una fuente judicial a la agencia de noticias internacional AFP.

La indagación preliminar sobre este caso es motivada por una denuncia que presentó a la Corte la ONG Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, liderada por Pablo Bustos, conocido por sus cruzadas contra actos ilegales de congresistas y funcionarios públicos.

Por el momento, la Sala Penal de la Corte Suprema, integrada por nueve magistrados, no realiza una investigación formal por este caso, sino indagaciones para evaluar si inicia o no un proceso.