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El 26 de abril, la Ley de Creación de Empresas Sociales (Ley 1055) fue promulgada por el presidente Evo Morales. La normativa establecía 90 días para su reglamentación y su puesta en vigencia. Ya pasaron 187 días y el Órgano Ejecutivo aún no se decide en aportar recursos del Estado para cubrir las millonarias deudas sociales de las entidades abandonadas, cerradas o en quiebra, que podrían pasar a manos de los obreros con esta ley.

“Lo básico de la reglamentación ya está. Vamos a asumir la administración de las empresas con control social, fiscalización y directores laborales. La economía, la inyección económica es lo que preocupa. Hay propuestas por parte del Gobierno y de los obreros. Ojalá se pueda consolidar para que pueda arrancar esta ley. El Estado como Estado no quiere asumir el tema económico”, informó el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi.

Las empresas

Hay al menos cuatro empresas (Punto Blanco, Polar, Cerámica Victoria y la planta textil Hilbo) que estarían dentro de los parámetros para adaptarlas a la nueva normativa y traspasarlas a los trabajadores, según la Ley 1055.

A decir del secretario de Relaciones de la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz, Primo Choque, el sector ya ha pedido que sea el Estado quien asuma estas deudas para que los obreros se hagan cargo de la producción de la nueva empresa social. Antes no.

“El empresario se endeuda y por no cumplir la carga social escapa y deja a los compañeros con esa carga y a los trabajadores sin beneficio. A partir de eso, hemos planteando que el Estado absorba la deuda pendiente, que son beneficios sociales, impuestos, pagos a las AFP. Por lo menos que absorba una parte el Estado”, manifestó Choque.

Socio estratégico

Otra de las propuestas, según el máximo dirigente de la COB, es que la reglamentación establezca una opción en la que los trabajadores que se vuelvan accionistas de una empresa en quiebra busquen una alternativa para contar con un “socio estratégico nacional o extranjero, que ponga una inyección económica, para que garantice este emprendimiento de los trabajadores”.

Mientras tanto, el Gobierno aún no ha dicho nada de la aprobación de la reglamentación, atrasada por más de 90 días. El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, no quiso referirse al tema, porque el documento todavía está siendo analizado por la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape), antes de su diagnóstico y aprobación, en el gabinete ministerial.

La Ley 1055

Una empresa social es la constituida por trabajadores activos de una empresa privada en proceso de concurso preventivo, quiebra o liquidación, cerrada o abandonada de forma injustificada. Su finalidad es reactivar la empresa, en defensa de fuentes de trabajo.

 

EL GOBIERNO NO SE DECIDE

EN CIFRAS

4

EMPRESAS

Podrían ser las primeras en convertirse en entidades sociales, cumpliendo con la Ley 1055.

4

MILLONES DE DÓLARES

Es la deuda social que dejó la empresa Polar, sin que pueda resolverse, según los fabriles.