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Diez sectores se sumaron al ambiente de conflicto social generado en torno al nuevo Código de Procedimiento Penal boliviano. Cinco de ellos apoyan con marchas  la movilización de los médicos, que se oponen al artículo 205, que penaliza la mala praxis y otros cinco reclaman por otros artículos de esa norma, que está vigente desde hace dos semanas.

El Gobierno, a través del vicepresidente Álvaro García Linera, denunció que hay afanes desestabilizadores de “personas o pequeños grupos que ni siquiera merecen ser llamados sectores” y admitió que este hecho es motivo de evaluación permanente de parte del gabinete político.

Las marchas de protesta del conflicto médico en La Paz tuvieron desde ayer la adhesión de la Central Obrera Departamental de El Alto y de la dirigencia de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve), que se sumaron a los estudiantes universitarios y los trabajadores de salud, que protestan  desde hace varios días junto a los galenos. Los comités cívicos del país anunciaron que saldrán a las calles en enero, confirmó el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz.

Aunque no se registró ayer la violencia que se desbordó la semana pasada en días previos a la Navidad, las calles paceñas colapsaron por la protesta reforzada.
 
Otros artículos
Los empresarios, los transportistas, la COB, maestros y fabriles se manifestaron en contra de otros artículos del código. 
Los empresarios, como los médicos, se reunieron con los presidentes de las cámaras de la Asamblea Legislativa durante el tratamiento de la norma penal y llegaron a acuerdos.

El artículo 65 penaliza a las personas jurídicas privadas, específicamente a representantes, individuales o colectivos, autorizados para tomar decisiones  y a los que constituyen empresas mixtas, cuando los hechos punibles fueron cometidos en su beneficio o interés; se dediquen a la comisión de infracciones penales o cuando esa empresa haya sido utilizada como instrumento para cometer infracciones penales. 
Sin embargo, instancias como la Cámara Nacional de Exportadores (Caneb), a través de su presidente, Wilfredo Rojo, advirtió que el hecho no se quedará en simple queja y que el sector tomará acciones de protesta si la asamblea legislativa no anula este artículo.

Otro sector que anunció medidas de presión para enero si es que no se ajusta el artículo 137 del código es el del transporte pesado.
A los transportistas les preocupa la sanción con cárcel, pena económica y la suspensión de la licencia por homicidio culposo en contra de los conductores que protagonizan accidentes. Además, rechaza que el dueño, administrador o gerente de alguna empresa de transporte tenga responsabilidad ante un accidente, “como si se tratara de una asociación criminal”,  indicó el presidente de la Cámara de Transporte Pesado, Gustavo Rivadeneira.

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, reiteró ayer que el artículo 137 no criminaliza, sino más bien "brinda un manto protector" a los choferes del transporte público. 

Gonzales lamentó que, en medio de tanta desinformación, la gente crea que el código castiga el trabajo de los transportistas, así como que el art. 294 supuestamente sanciona la protesta social.

"Se ha tergiversado todo. La oposición no descansa pese al receso parlamentario y sigue metiendo falacias, mentiras, interpretaciones absolutamente capciosas, arbitrarias y abusivas al código. Penosamente la gente más cree en la mentira que la verdad, como digo, la mentira siempre sube en ascensor y  la verdad por las gradas, y siempre vas a estar en desventaja", declaró a la prensa.
Rivadeneira, tras la reunión de ayer, lamentó que Gonzales hubiera ofrecido una explicación política antes que técnico-legal.
El dirigente manifestó que en la primera semana de enero se realizará un ampliado nacional “y será esa instancia la que tome las determinaciones finales”.

La COB

Otros sectores, como la COB, maestros y fabriles se oponen a los artículos 293 y 294. El ejecutivo del máximo ente sindical, Guido Mitma, aseveró que su rechazo tiene dos razones fundamentales: penaliza el derecho a la protesta y en su texto permite que cualquier persona que lance críticas al Gobierno puede ser perseguida y encarcelada.

Ante esta arremetida, García Linera respondió: “algunos dirigentes de los exportadores, algunos transportistas, un dirigente de la COB se oponen, todo esto tiene nombre y apellido”.

Minimizó a Mitma y dijo que no tiene bases, pues perdió el apoyo de su mina. “Usa el miedo, la mentira que se difunde en consignas que se multiplican”, agregó.

Indicó que “los opositores, actuando a través de sus activistas sociales, buscan desestabilizar. Repito una vez más, son nombres, no sectores. Cuando venga de un ampliado, ahí veremos”. Más adelante aseguró que tiene claro que se trata de una campaña que busca articular en torno al código “un conflicto que aglutine a varios”. 

Inversión en salud

Ayer, en un acto en el que se suscribió un contrato para la construcción de un hospital en Coripata(La Paz), el presidente Evo Morales dijo que el presupuesto para el sector salud se incrementó de Bs 2.468 millones en 2005 a Bs 18.304 millones en 2017.

En cuanto a establecimientos de salud dijo que desde la fundación de Bolivia hasta 2005 solo se contaba con 2.870 hospitales, pero  que en 12 años de su gestión de Gobierno se construyeron 1.032  nosocomios. Con relación al personal de salud, precisó que hasta 2005 alcanzaba a 15.454, mientras en su gestión ese número fue doblado, con 29.895 profesionales.

De ida y vuelta

Crítica
El senador opositor por Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz aseguró el martes en Santa Cruz que el presidente Evo Morales asumió una línea de confrontación ante el conflicto médico, para ocultar su falta de capacidad para solucionar el problema y unir a los bolivianos.

“No es vinculante”
La senadora del MAS Adriana Salvatierra aclaró que el artículo 205 del Código del Sistema Penal no es vinculante a otras profesiones u oficios que no estén relacionados con la salud. “Abogados, arquitectos, constructores y choferes no guardan ninguna relación con el artículo 205, que solamente se enmarca en aquellos profesionales o aquellos servidores que prestan su atención vinculados a la materia de la salud”, aclaró.