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El sacerdote jesuita y especialista en temática indígena Xavier Albó manifestó que los pueblos indígenas bolivianos "deben unirse" para hacer prevalecer la consulta previa en sus territorios antes de que el Gobierno ejecute megaproyectos en áreas protegidas y territorios indígenas, tal como se anunció este mes.

"(En este caso) los pueblos indígenas débiles tienen que pelear con los poderosos, pero que pueden encontrar una manera: uniéndose todos desde abajo", expresó.

También manifestó que esa unidad debe buscar que prevalezca la consulta previa libre e informada en sus territorios para conocer si es que desean los proyectos sugeridos por el Gobierno o no.

Agregó que el mayor problema de la creación de megaproyectos en áreas protegidas es que los principales beneficiarios no los pueblos indígenas.

"Piensan que la solución es a costa de los otros, en vez de buscar algo que sea para todos y que no ponga en daño a la naturaleza; se tendría que hacer no a costa de los pueblos indígenas", manifestó Albó.

El sacerdote, que es antropólogo y doctor en filosofía, alegó que la pérdida de la biodiversidad es irreversible y el impacto obliga a los indígenas a migrar.

Política y medio ambiente

Xaviera Albó agregó que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos entran en una contradicción entre el discurso y las acciones. 

Explicó que el Gobierno boliviano maneja un "doble discurso" y aunque advirtió el impacto ambiental, las autoridades le dan poca importancia, otorgándole relevancia a "lo inmediato y a un sentido equivocado de progreso".

El presidente Evo Morales anunció que se explorará "con fuerza" siete de las 22 áreas protegidas en Bolivia y firmó un convenio para que se haga el estudio de construir una represa en el estrecho de El Bala (río Beni), que inundaría dos parques nacionales.

Esas obras, según la Constitución, deben tener "el consentimiento" de los pueblos indígenas antes de llevarse adelante.

Normativa internacional

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que éstos deben ser consultados para que den su "consentimiento libre e informado" antes de que se apruebe cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios.

Hace poco, el presidente Morales expresó que en las consultas previas se pierde mucho tiempo y que esa es la debilidad del Estado.