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La Justicia argentina desestimó este jueves la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento de terroristas, al dictaminar que no hay pruebas para iniciar una causa penal, aunque la decisión podrá ser apelada.

El magistrado Daniel Rafecas consideró que, analizadas las evidencias, "ha quedado claro" que ninguna de las líneas de acusación expuestas por Nisman y, después retomadas por el fiscal Gerardo Pollicita, "se sostiene mínimamente", según una resolución emitida este jueves y difundida por el Centro de Información Judicial (CIJ).

Para Rafecas no se puede iniciar un proceso penal ya que las pruebas "dejan huérfano de cualquier sustento la supuesta maniobra de "encubrimiento" y/o "entorpecimiento de la investigación" del atentado a la AMIA destinado a dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní".

"Por el contrario, tales evidencias se contraponen de modo categórico al supuesto "plan criminal" denunciado" por Nisman, considera Rafecas.

La denuncia

En enero pasado, cuatro días después de haber presentado su denuncia, Nisman, fiscal especial de la causa sobre el atentado contra la mutualista judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, murió de un disparo en la sien en su domicilio, en circunstancias aún no
aclaradas.

En la denuncia identificaba a la presidenta, al canciller, Héctor Timerman, y a varios colaboradores oficialistas como presuntos
responsables de haber orquestado un plan para exculpar a los
presuntos sospechosos iraníes del atentado.

Tras su muerte, el fiscal Gerardo Pollicita tomó la denuncia y el
pasado 13 de febrero solicitó a Rafecas la imputación de Cristina
Fernández y del resto de señalados por Nisman.

Las acusaciones se relacionaban con la firma de un memorándum de
entendimiento entre el Gobierno argentino y el iraní, aprobado en 2013 en Argentina pero nunca ratificado por el Gobierno de Irán, que contemplaba la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer el atentado.

Según la denuncia de Nisman, tras el memorándum se escondían
negociaciones
entre los Gobiernos de Argentina e Irán para
intensificar relaciones comerciales a cambio de encubrir a los
presuntos terroristas.

Rafecas desestima esta acusación porque "el presunto delito nunca
se cometió"
, ya que el tratado nunca se puso en marcha.

El magistrado también rechaza que el Gobierno operase para tratar
de levantar las alertas rojas de Interpol contra los sospechosos ya
que el análisis de las pruebas, "lejos de sostener mínimamente la
versión fiscal, la desmiente de un modo rotundo y lapidario,
llevando también a la misma conclusión de la inexistencia de un
delito".

Denuncian "negociado" con juez

Según anticiparon medios locales, el dictamen será apelado por
Pollicita, aunque fuentes de la Fiscalía rechazaron confirmar a la agencia internacional de noticias Efe esa posibilidad. 

Desde la oposición, aunque ratificaron su respeto a la Justicia,
cuestionaron que Rafecas actúe con independencia.

La diputada de la Coalición Cívica y aspirante presidencial Elisa
Carrió aseguró hoy que el Gobierno ha "negociado" con el juez para
que no se investigue a la presidenta y para que se desestime la
denuncia de Nisman.

Por su parte, Patricia Bullrich, diputada del bloque Unión-Pro, consideró que en Argentina se necesita "generar condiciones para que la Justicia actúe con autonomía e independencia porque uno también puede pensar que los jueces o fiscales están con miedo y las resoluciones pueden no ser las adecuadas".

El dictamen de Rafecas supone un balón de oxígeno para el Ejecutivo de Fernández que en los últimos tiempos se ha mostrado enfrentado al Poder Judicial a raíz no solo de la denuncia de Nisman sino de varias causas que la salpican a ella y altos cargos como el vicepresidente Amado Boudou, doblemente procesado por corrupción y falsificación de documentos.

La propia presidenta, que sostiene que los jueces y fiscales han formado un partido político opositor, enfrenta acusaciones directas en el marco de una denuncia por presuntas irregularidades financieras en la empresa hotelera Hotesur, de la que es accionista.