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A través del Decreto Supremo (DS) 2731, el Gabinete ministerial aprobó la pasada semana la creación de la Dirección General de Redes Sociales, dentro de la estructura del Viceministerio de Gestión Comunicacional, dependiente del Ministerio de Comunicación, según el documento al que accedió EL DEBER.

La normativa que modifica el DS 793, incorpora dentro de sus atribuciones, las de desarrollar estrategias de difusión, consulta e interacción del gobierno con las cibercomunidades, mejorar las plataformas de información y comunicación de la gestión de Estado, mediante la utilización de redes sociales y promover el uso de las redes sociales con la sociedad civil.

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La ministra de Comunicación, Marianela Paco, explicó que con este decreto, se desarrollarán todos los medios comunicacionales a los que la ciudadanía tiene derecho, tanto en acceso como en el derecho al manejo y difusión de la información.

“Las redes sociales son un espacio de información, de intercambio de ideas, no solo para compartir información personal como era a un inicio, sino también para compartir información estatal. En ese sentido, nosotros teníamos una estructura muy pequeña que ha desarrollado el trabajo de difusión fundamentalmente de información de la gestión gubernamental”, dijo la autoridad, en entrevista con este medio.

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El decreto 2731 establece que el Ministerio de Economía debe asignar recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), de acuerdo al requerimiento del Ministerio de Comunicación para la Dirección General de Redes Sociales.

Si bien, ven loable la decisión del gobierno de mejorar su relación comunicacional con la población, el experto en redes, Eduardo Rojas, considera que ha faltado un estudio y un diagnóstico para definir este tipo de incorporación en los niveles del estado.

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“Todas estas plataformas tienen sus bases económicas en EEUU o Europa. Están fuera del país. Me parece complejo que en un estado plurinacional, inste a todo el aparato estatal y a la sociedad, a ingresar a plataformas comerciales como las redes sociales, donde la información que se distribuye, no tiene total autonomía por parte de sus usuarios y vuelve al estado, un cliente de estas plataformas”, señaló Rojas.

Considera que si el estado empieza a generar el uso de redes sociales, la primera situación riesgosa es que todos los aparatos del estado, ministerios, direcciones, gobernaciones o municipios, se van a constituir en sujetos de análisis de esas misma información por parte de actores externos, empresas transnacionales.

Acá puede revisar el documento:,