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Cristina Fernández obtuvo un triunfo judicial de magnitud en el caso AMIA luego que la Justicia argentina anunció ayer que desestimó la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la mandataria por presunto encubrimiento a terroristas, al dictaminar que no hay pruebas para iniciar una causa penal, aunque la decisión podrá ser apelada.

El magistrado Daniel Rafecas consideró que, analizadas las evidencias, "ha quedado claro" que ninguna de las líneas de acusación expuestas por Nisman y después retomadas por el fiscal Gerardo Pollicita "se sostiene mínimamente", según una resolución emitida ayer y difundida por el Centro de Información Judicial (CIJ).

Para Rafecas, no se puede iniciar un proceso penal ya que las pruebas "dejan huérfano de cualquier sustento" la supuesta maniobra de "encubrimiento" y/o "entorpecimiento de la investigación" del atentado a la AMIA con el fin de dar impunidad a los acusados de nacionalidad iraní".
"Por el contrario, tales evidencias se contraponen de modo categórico al supuesto "plan criminal" denunciado" por Nisman, considera Rafecas.

Muerte no aclarada
En enero pasado, cuatro días después de haber presentado su denuncia, Nisman, fiscal especial de la causa sobre el atentado contra la mutualista judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, murió de un disparo en la sien en su domicilio, en circunstancias aún no aclaradas.

En la denuncia identificaba a la presidenta, al canciller, Héctor Timerman, y a varios colaboradores oficialistas como presuntos responsables de haber orquestado un plan para exculpar a los presuntos sospechosos iraníes del atentado.

Tras la muerte de Nisman, el fiscal Gerardo Pollicita tomó la denuncia y el pasado 13 de febrero solicitó a Rafecas la imputación de Cristina Fernández y del resto de señalados por Nisman.

Las acusaciones se relacionaban con la firma de un memorándum de entendimiento con Irán, aprobado en 2013 en Argentina pero nunca ratificado por el Gobierno iraní, que contemplaba la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer el atentado.

Tras el memorándum se escondían negociaciones entre los Gobiernos de Argentina e Irán para intensificar relaciones comerciales a cambio de encubrir a los presuntos terroristas.

Rafecas desestima esta acusación porque "el presunto delito nunca se cometió", ya que el tratado nunca se puso en marcha.

El dictamen de Rafecas supone un balón de oxígeno para el Ejecutivo de Fernández, que en los últimos tiempos se ha mostrado abiertamente enfrentado al Poder Judicial a raíz no solo de la denuncia de Nisman sino de varias causas que la salpican por corrupción