Opinión

Los desafíos del nuevo fiscal general

El Deber Hace 10/29/2018 8:00:00 AM

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Bolivia tiene nuevo fiscal general del Estado. Juan Lanchipa juró con la misión constitucional de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, en un marco de autonomía funcional, administrativa y financiera. Así reza la Carta Magna en el artículo 225, referido al Ministerio Público. Gran responsabilidad asumida por el nuevo funcionario, que ha prometido recuperar la credibilidad de la sociedad en esa institución venida a menos.

Lanchipa fue posesionado por el presidente nato del Congreso y vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, tras una polémica elección en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Antes de asumir este cargo, fue funcionario gubernamental, al haber estado a cargo de la Dirección de Reivindicación Marítima, dependiente de la Cancillería. Esa cercanía con el Poder Ejecutivo ha provocado susceptibilidad con relación a si defenderá los intereses de la sociedad o los del Gobierno de turno.

El presidente Evo Morales estuvo en el acto de posesión y reconoció que en este momento la justicia no es para los pobres. A ello hay que añadir que hay graves observaciones al desempeño de fiscales en todo el país. Quizás el caso más patético es el que se ha evidenciado en el caso del médico Jhiery Fernández, quien fue acusado por el Ministerio Público y sentenciado a 20 años de cárcel por el Poder Judicial sin que existan las pruebas contundentes que muestren su culpabilidad. En ese sentido, una de las tareas de la nueva autoridad es investigar y castigar con severidad la mala conducta de fiscales a escala nacional.

Se ha informado que en el país hay más de 200.000 causas que siguen los fiscales; el 80% en el eje central. El mismo Lanchipa, en su posesión, expresó que es “consciente de los muchos problemas en la investigación y persecución de los delitos, la duración prolongada de los procesos penales, el alto índice de los detenidos preventivos, así como el abuso del pedido de prisión preventiva que se usa como un anticipo de pena”. Menudo trabajo el que tiene para cambiar esa situación, que ha saturado los penales de Bolivia, incluso con gente que está más tiempo del que dicta la sentencia, sin que ninguna de las instituciones vinculadas con la administración de justicia haga algo para cambiar esa realidad.

Si su llegada al mando del Ministerio Público ha estado cargada de dudas, el nuevo fiscal general del Estado tiene la oportunidad y la responsabilidad de demostrar que puede hacer una gestión diferente, velando verdaderamente por los intereses de todos los bolivianos, evitando convertirse en un brazo del Poder Ejecutivo para perjudicar a los opositores. Asimismo, debe erradicar la corrupción entre los fiscales, sancionando de manera ejemplarizadora a quienes utilizaron ese espacio de poder para beneficiar sus bolsillos.